La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) ha elevado oficialmente a alerta naranja la situación en 143 cantones del territorio ecuatoriano, tras determinar que el Fenómeno del Niño ha pasado de una fase de observación a un estado activo e inminente. Esta medida, plasmada en la Resolución Nro. SNGR-193-2026 emitida el 20 de julio de 2026, busca garantizar la preparación inmediata de las autoridades locales ante la probabilidad de eventos hidrometeorológicos extremos durante el segundo semestre del año y los primeros meses de 2027.
Criterios técnicos y vulnerabilidad territorial
La declaratoria abarca un total de 17 provincias y 491 parroquias, con una selección técnica que prioriza las zonas ubicadas por debajo de los mil quinientos metros sobre el nivel del mar (msnm). Según explica la resolución oficial, esta franja altitudinal ha concentrado históricamente los mayores impactos asociados a lluvias intensas. Los antecedentes de eventos adversos registrados en 1972-1973, 1982-1983 y 1997-1998 evidencian que las afectaciones más graves ocurrieron precisamente en la Costa y en las estribaciones occidentales de los Andes situadas por debajo de esa cota.
Los análisis de riesgo realizados por el Ejecutivo señalan que, además del historial climático, existe una alta exposición de infraestructura estratégica crítica. Mapas de detalle identifican vulnerabilidades significativas en vías de comunicación, puentes, sistemas de agua potable y redes de saneamiento. Asimismo, se detecta un alto nivel de afectación potencial sobre servicios de salud, centros educativos y actividades productivas clave para la economía nacional.
Impacto regional y obligaciones gubernamentales
Dentro del listado de cantones afectados, las provincias de Guayas y Manabí concentran el mayor número de territorios bajo esta medida preventiva. La SNGR ha ordenado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) la activación inmediata y el fortalecimiento de sus Comités de Operaciones de Emergencia (COE). Esta directriz implica la actualización obligatoria de planes de respuesta, la coordinación para evacuaciones preventivas si fueran necesarias y la ejecución de acciones de mitigación para proteger cauces e infraestructura pública.
La decisión del Gobierno responde a un enfoque proactivo orientado a la protección de la vida humana y el patrimonio nacional. Las autoridades han enfatizado que, aunque la cota de mil quinientos metros funciona como criterio de priorización territorial para la asignación eficiente de recursos, las afectaciones pueden registrarse fuera de ese rango geográfico. Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las medidas de autoprotección y preparación comunitaria establecidas por los gobiernos locales.
