El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional oficializó este lunes la transición a alerta naranja en 17 provincias del Ecuador, una medida preventiva crucial ante el aumento documentado de las temperaturas en el océano Pacífico. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del ECU 911, en Samborondón, bajo la presidencia del ministro de Infraestructura y Transporte (MIT), Roberto Luque, y con la participación de la secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano Haro. Esta decisión técnica responde al análisis confirmatorio del Comité Erfen, que certifica el inicio de una fase activa del fenómeno climático.
Presupuesto estratégico para la prevención
Para garantizar la efectividad de las medidas preventivas y mitigar los posibles impactos socioeconómicos, el Gobierno ha dispuesto un presupuesto aproximado de 600 millones de dólares. Este monto integra inversiones distribuidas entre distintos ministerios con el objetivo explícito de fortalecer infraestructuras críticas y adquirir equipamiento especializado. El ministro Luque enfatizó la necesidad de que las prefecturas y municipios redoblen sus esfuerzos en labores técnicas esenciales, tales como el desazolve de ríos y el mantenimiento preventivo del sistema de alcantarillado urbano.
Coordinación con Gobiernos Autónomos Descentralizados
Aunque la fase activa es una realidad técnica, las autoridades aclararon que no existe aún una fecha exacta para el inicio de precipitaciones fuertes. No obstante, se mantiene la vigilancia ante otros efectos advertidos por organismos internacionales, como sequías en la Amazonía e incendios forestales. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos brindará acompañamiento técnico directo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), quienes constituyen el primer nivel de respuesta. Según datos oficiales presentados durante la sesión, se identificaron oportunidades de mejora: de 246 entidades consultadas, solo 161 presentaron planes de acción y algunos requirieron correcciones por observaciones técnicas.
