La Fiscalía General del Ecuador mantiene activa la investigación por el asesinato de un gerente financiero de una universidad en Quito, ocurrido el pasado 11 de junio de 2026 en el sector de Miravalle. El caso se encuentra actualmente en la etapa de instrucción fiscal, lo que confirma que las autoridades judiciales ya han formulado cargos contra seis personas —cinco adultos y un adolescente— por su presunta participación en los hechos. Esta fase del procedimiento penal ordinario tiene como objetivo principal reunir elementos de cargo y descargo para determinar si se presenta una acusación formal.
Medidas cautelares y procesamiento
Prioridad al cumplimiento estricto de la ley es el enfoque que ha adoptado el Ministerio Público en este caso. Por pedido fiscal, un juez dispuso prisión preventiva para Galo Hernán O. G., María del Carmen S. V. y Josselyn Lisbeth V. Asimismo, Juan Pablo G. O. y Juan Carlos G. T. deben cumplir presentaciones periódicas y cuentan con prohibición de salida del país. En el caso del adolescente C. D. E. L., la justicia lo procesó bajo el sistema especializado de justicia juvenil, disponiendo su internamiento preventivo.
Las medidas cautelares no constituyen una sentencia ni una declaración de culpabilidad; son disposiciones provisionales que buscan garantizar el desarrollo del proceso judicial.
Hipótesis fiscal y móvil del crimen
Durante la investigación preliminar, se levantaron indicios como celulares, computadores y dispositivos de almacenamiento. La hipótesis fiscal señala que un posible motivo del asesinato fueron las discrepancias surgidas por acciones de auditoría impulsadas desde la Dirección Financiera de la institución educativa. Según los elementos de convicción presentados, uno de los procesados habría solicitado fotografías del vehículo y el lugar de trabajo de la víctima días antes del hecho.
La teoría del caso indica que otros implicados realizaron seguimientos registrados en cámaras de seguridad de la universidad, mientras que Josselyn Lisbeth V. aguardaba la salida del gerente financiero. Se atribuye al adolescente C. D. E. L. la ejecución de los disparos desde una motocicleta. Estos señalamientos forman parte de la investigación y deberán ser contrastados rigurosamente durante el proceso judicial, así lo reportó Ecuavisa.
Plazos legales y próximos pasos
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que, para los adultos, el plazo ordinario de instrucción no puede superar los 90 días, aunque puede ampliarse hasta un máximo de 120 días si existen vinculaciones o reformulación de cargos. Para el adolescente, la instrucción dura hasta 45 días según el Código de la Niñez y Adolescencia.
La información oficial no precisa cuántos días fijó específicamente el fiscal en este expediente, por lo que no es posible establecer una fecha exacta de cierre de esta etapa. La Fiscalía deberá decidir si acusa a los procesados o se abstiene; en caso afirmativo, el caso pasará a la audiencia preparatoria de juicio donde un juez evaluará la validez del proceso.
