El Tribunal ha dispuesto la aprehensión inmediata de Abdalá Bucaram, quien fue procesado por el delito de presunta delincuencia organizada en el marco del caso conocido como "Pruebas Covid-19 Agentes AMT". Esta medida judicial se adoptó tras la sexta ocasión consecutiva en que no pudo reinstalarse una audiencia clave dentro de los expedientes judiciales correspondientes a este proceso penal, lo que ha impedido al órgano jurisdiccional dar a conocer su resolución oral.
Ejecución de la medida y vigilancia policial
La orden judicial establece que el procesado será aprehendido en el momento en que reciba el alta médica. Actualmente, Abdalá Bucaram se encuentra internado en una clínica privada, por lo que las autoridades judiciales han instruido al Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional para mantener vigilancia permanente sobre su ubicación y estado de salud. Los agentes deberán verificar constantemente la situación del imputado y ejecutar la orden de captura tan pronto como los médicos autoricen su salida del centro de salud.
Esta decisión responde a la reiterada inasistencia del procesado, que ha obstaculizado el normal desarrollo de las actuaciones judiciales. La Fiscalía General del Estado cuestionó públicamente estas dilaciones recurrentes, señalando que han frenado significativamente el avance del proceso y solicitando al Tribunal disponer las acciones correspondientes para investigar la responsabilidad por tales demoras injustificadas.
Contexto procesal y rechazo de diferimientos
La audiencia cuya reinstalación quedó fallida tenía como objetivo fundamental que los jueces comunicaran su resolución oral dentro del caso Pruebas Covid-19 Agentes AMT. Previamente, el Tribunal había negado un diferimiento solicitado por la defensa de Abdalá Bucaram para postergar la fecha de la audiencia de sentencia, lo cual evidencia una línea procesal estricta frente a las estrategias dilatorias, como contamos en Tribunal ordena a la Policía verificar salud de Abdalá Bucaram.
La Fiscalía ecuatoriana ha hecho pública su posición mediante sus canales oficiales, instando al sistema judicial a tomar medidas firmes ante la falta de comparecencia del imputado. La institución considera que estas ausencias sistemáticas no solo afectan los plazos procesales, sino también el derecho a una justicia pronta y cumplida por parte de las víctimas y la sociedad en general.
