La Superintendencia de Bancos del Ecuador ha emitido una alerta oficial advirtiendo sobre los graves riesgos patrimoniales que enfrentan los ciudadanos al solicitar créditos con intermediarios financieros no regulados. Según la información actualizada en el portal web del organismo, existen 61 entidades operando en el país sin contar con la autorización ni el control correspondiente de este ente supervisor. Esta medida busca proteger a la población ecuatoriana frente a esquemas crediticios irregulares que prometen facilidades pero ocultan cobros abusivos y fraudes.
Protección del patrimonio financiero
El regulador enfatiza que estas entidades utilizan mecanismos de captación e intermediación de dinero que no se sujetan a los parámetros oficiales de tasa de interés, transparencia ni protección al usuario. A diferencia de las instituciones formales, operadas bajo la supervisión estatal y en el marco del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), estas agencias ilegales carecen de garantías legales para sus clientes.
La proliferación de anuncios de préstamos por redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, volantes físicos y portales web no verificados constituye una amenaza directa. La Superintendencia señala que la falta de regulación expone a los ecuatorianos a prácticas predatorias donde el interés del usuario queda completamente desprotegido, más detalles en Contexto.
Marco legal y sanciones
El artículo 254 del COMF establece con claridad tajante la prohibición para personas naturales o jurídicas ajenas al sistema financiero nacional de realizar actividades de intermediación financiera. La norma prohíbe expresamente captar recursos de terceros habitualmente, así como el uso de publicidad que sugiera naturaleza financiera mediante avisos, carteles o recibos.
Las violaciones a este precepto legal son sancionadas conforme al Código vigente. Esta postura del Gobierno Nacional refuerza la importancia de utilizar únicamente canales autorizados para las operaciones financieras, asegurando la estabilidad y seguridad del sistema económico nacional ante intentos de infiltración de actores no regulados, como informó Teleamazonas.
