El peso económico de la gestión menstrual
La menstruación no es únicamente un proceso fisiológico, sino una variable económica determinante en la vida de las mujeres ecuatorianas. Según datos revelados por Unicef a través de una encuesta aplicada a 3.605 adolescentes y jóvenes en el país, el gasto mensual en productos sanitarios representa una carga significativa para los hogares. El 33,37% de las encuestadas destina hasta $15 mensuales exclusivamente a estos insumos; mientras que un 27,15% gasta entre $5 y $10, otro 20,09% entre $10 y $15, y casi el 20% debe asignar más de $20 cada mes para cubrir sus necesidades básicas.
Proyección del gasto a lo largo de la vida
Salomé Parreño, asesora nacional de género de Plan Internacional Ecuador, explica que establecer una cifra única es complejo debido a la variabilidad biológica y económica. Sin embargo, al considerar un periodo fértil promedio entre los 12 y 50 años (aproximadamente 456 ciclos), se estima el uso de entre 6.800 y 9.100 toallas sanitarias. Con un costo promedio unitario de $0,15, una mujer podría gastar entre $1.020 y $1.365 durante sus aproximadamente 38 años de vida menstrual.
Este cálculo no incluye otros elementos críticos para la salud e higiene, como analgésicos, ropa interior, agua jabón o productos reutilizables que requieren inversión inicial y condiciones adecuadas de lavado y secado. La experta enfatiza que el costo real se agrava en hogares de escasos recursos, donde la falta de capacidad adquisitiva obliga a priorizar otras necesidades básicas sobre la salud menstrual.
Hacia una política pública efectiva
La imposibilidad de adquirir estos productos configura lo que se conoce como "pobreza menstrual", una barrera económica que limita el acceso a la educación y la dignidad. Para Parreño, un avance crucial es la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) a toallas sanitarias, tampones y copas menstruales prevista desde octubre de 2025.
No obstante, se requiere generar estadísticas oficiales para dimensionar las brechas existentes. El siguiente paso debe ser garantizar el acceso efectivo mediante la disponibilidad gratuita o subsidiada en establecimientos educativos y servicios públicos, así como asegurar infraestructura básica con agua potable y privacidad. Sin datos robustos sobre esta realidad, resulta difícil orientar adecuadamente los recursos públicos hacia una solución integral.
