El Consejo de la Judicatura (CJ) ha emitido una alerta oficial sobre amenazas de muerte e intentos de intimidación dirigidos contra el subdirector de Control Disciplinario de la institución. La información fue revelada durante la sesión del pleno realizada este lunes, 18 de mayo de 2026, en el edificio del organismo ubicado en el norte de Quito. El funcionario amenazado es el encargado de sustanciar los sumarios administrativos iniciados contra servidores judiciales que presuntamente incurran en faltas disciplinarias.
Garantía de protección y contexto político
Ante la gravedad de los hechos, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, aseguró que se garantizará la protección del subdirector amenazado y de todos los servidores del organismo. En su intervención, la titular del CJ sostuvo que las decisiones tomadas por el ente fiscalizador "parecen estar incomodando a ciertos sectores", lo que podría explicar la escalada en la hostilidad contra los funcionarios encargados de la depuración interna.
Esta situación se enmarca en un contexto de mayor escrutinio sobre la conducta de los operadores de justicia. El caso del subdirector se conoció en un momento en que los informes periciales del juicio por el caso Sinohydro Exabogados han ocupado las primeras planas, revelando presuntas entregas de dinero y detalles de gastos que habrían legalizado sobornos. Además, la presidenta del CJ había denunciado previamente el asesinato de la jueza Lady Pachar en Machala, lo que ha intensificado el debate sobre la seguridad del personal judicial en Ecuador.
Sanciones disciplinarias recientes
Paralelamente a la alerta de seguridad, la sesión de este lunes registró la aplicación de sanciones disciplinarias severas a varios servidores judiciales por negligencia y demoras injustificadas. El pleno del Consejo suspendió por 30 días sin sueldo al secretario de la Unidad Judicial Civil de Esmeraldas por la pérdida de un expediente. Asimismo, se sancionó a una jueza del Tribunal de Garantías Penales del Carchi por demorar nueve meses y quince días en resolver una acción de protección.
En otro caso relevante, se destituyó al secretario de una unidad judicial multicompetente de Imbabura. La sanción se debió a que tardó siete meses en entregar al juez una demanda de recuperación internacional de una menor de edad, un hecho que ocasionó un retraso grave en el proceso judicial. Estas medidas refuerzan el compromiso del Consejo de la Judicatura con la eficiencia y la integridad de la administración de justicia en el país.
