La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación penal por presunto peculado contra servidores públicos vinculados a la contratación de generadores eléctricos durante la emergencia nacional. El caso, conocido como "Apagón", examina los acuerdos firmados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) con la empresa Progen Industries LLC para la instalación de grupos electrógenos en las centrales Salitral y Quevedo. Según las cifras presentadas por el Ministerio Público, estas decisiones administrativas causaron un perjuicio económico de 104,4 millones de dólares al Estado ecuatoriano.
Irregularidades técnicas y financieras
El escrutinio fiscal se centra en cómo se entregaron anticipos millonarios a una cuenta en el exterior sin que los equipos cumplieran las especificaciones técnicas pactadas. La tesis de la Fiscalía sostiene que los generadores ofertados como nuevos, con año de fabricación igual o superior a 2023, resultaron ser unidades usadas, repintadas, obsoletas o técnicamente incompatibles con la infraestructura existente. Esta discrepancia revela una falla en los controles de calidad que debieron estar vigentes durante las fases precontractual, contractual y de ejecución.
La situación se agravó en la central Quevedo, donde solo llegaron 17 de los 20 generadores contratados. Las unidades no lograron arrancar en el sitio de instalación ni operaron con el combustible establecido, lo que impidió la suscripción de un acta de entrega-recepción parcial o definitiva. A pesar de que los equipos no funcionaron, el Estado ya había transferido los fondos correspondientes, lo que ha sido calificado como una omisión grave en la vigilancia financiera, tal como señaló Contexto.
Alertas ignoradas y multas incobrables
La investigación también ha puesto sobre la mesa la existencia de alertas técnicas previas. Informes, auditorías y revisiones habrían identificado inconsistencias en las placas, modelos antiguos y doble numeración de los equipos. La pregunta que surge es por qué estas señales de alarma no frenaron el avance contractual ni los pagos. En abril de 2025, las multas impuestas a Progen ya superaban los 2,2 millones de dólares, pero un contrato complementario permitió cambios en el esquema de verificación y pagos parciales vinculados al anticipo, debilitando aún más la posición del Estado.
El caso Apagón no solo expone un fallo administrativo, sino una fragilidad estructural en la gestión de crisis. La urgencia de la emergencia eléctrica no puede justificar la relajación de los controles básicos ni la falta de rigor en la contratación pública. Cuando el Estado opera bajo presión, la vigilancia técnica y jurídica debe ser más estricta, no menos. La factura de estos 104,4 millones de dólares la pagan los ciudadanos que soportaron la crisis energética y la economía que perdió productividad, mientras las instituciones enfrentan las consecuencias de una gestión sin trazabilidad documental adecuada, indicó El Universo.
