El hallazgo del cuerpo de Lizeth Bunshi, una estilista de 28 años reportada como desaparecida en julio y cuyos restos fueron encontrados el pasado 25 de agosto en las aguas del río Machángara, sector Guápulo, ha obligado a la capital ecuatoriana a reflexionar sobre la seguridad femenina. La Fiscalía General del Estado confirmó su identidad mediante una pericia odontológica, cerrando un ciclo de búsqueda que se extendió por 37 días. Sin embargo, el desenlace policial no debe ser el único foco de atención; la familia ha solicitado formalmente que el proceso abierto por presunta desaparición involuntaria sea reformulado para investigarse como femicidio, una decisión que corresponde a las autoridades judiciales determinar con rigor probatorio.
La realidad estadística y la coordinación estatal
Más allá de los detalles forenses del caso específico, existe un contexto estructural que exige atención prioritaria. La primera Encuesta Municipal sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, presentada en 2025, reveló cifras alarmantes: alrededor del 91% de las mujeres en Quito ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y cerca del 60% sufrió agresiones durante los doce meses anteriores. Estos datos transforman la protección de la mujer en una responsabilidad pública permanente, no solo en una reacción posterior a cada tragedia.
La efectividad de las políticas públicas depende de saber dónde se concentran las agresiones y cómo funcionan realmente las medidas de protección existentes. Quito cuenta con servicios municipales de acogida para víctimas, cuya eficacia debe medirse por su capacidad de respuesta, seguimiento y prevención. La coordinación entre Policía, Fiscalía, servicios sociales y sistemas de emergencia es crítica; la fragmentación institucional puede debilitar la reacción ante denuncias previas o búsquedas urgentes.
Justicia preventiva y responsabilidad social
Aunque existe una persona procesada con prisión preventiva en este caso, ninguna imputación sustituye las pruebas ni anticipa sentencia. Este cuidado jurídico es indispensable para garantizar un juicio justo, pero no impide formular preguntas más amplias sobre la seguridad ciudadana. La muerte de Nathaly Mafla, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional investigada bajo la figura de femicidio, mantiene abierta esta discusión en paralelo, según informamos en Fiscalía avanza en caso del asesinato de gerente universitario en Quito.
La sociedad también tiene una responsabilidad ética: evitar convertir el dolor y las desapariciones en espectáculo mediático o contenido viral que revictimiza a los familiares. El objetivo debe ser garantizar que las mujeres puedan estudiar, trabajar y circular sin incorporar el miedo como rutina inevitable. La pregunta colectiva es si las instituciones aprenderán de estos casos para proteger a la siguiente mujer antes de que sea necesario buscarla.
