El Gobierno de Daniel Noboa, a través del Ministerio de Gobierno y en coordinación con la Función Judicial, ha dado un paso estratégico hacia el fortalecimiento institucional para combatir las desigualdades estructurales. La socialización de la Agenda Nacional para la Igualdad de Género (ANIG) 2025–2029 representa una articulación clave entre los poderes del Estado, alineando esfuerzos burocráticos y judiciales bajo un mismo marco normativo. Este documento no solo establece directrices teóricas, sino que opera como un plan operativo diseñado para traducir las políticas de igualdad en respuestas concretas y medibles para la ciudadanía ecuatoriana.
Articulación Institucional y Liderazgo Ejecutivo
Nataly Morillo, ministra de Gobierno y presidenta del Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), lideró la jornada técnica que reunió a las máximas autoridades judiciales. La presencia de Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura; Marco Rodríguez, presidente de la Corte Nacional de Justicia; y Juana Fernández, secretaria técnica del CNIG, evidencia el compromiso transversal del Estado ecuatoriano. Desde esta perspectiva gubernamental, se reafirma que la seguridad integral no solo depende de la fuerza pública, sino también de la garantía efectiva de derechos y la prevención social.
La ministra Morillo destacó durante su intervención que la ANIG fue construida mediante un riguroso proceso territorial y participativo. El documento final contempla 28 políticas públicas fundamentales y 274 líneas de acción específicas. De estas últimas, se ha identificado una clara distribución de competencias: 110 requieren coordinación interinstitucional entre distintos sectores del Estado, mientras que 73 están vinculadas directamente a las atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Esta estructuración busca eliminar la burocracia innecesaria y asignar responsabilidades claras.
Participación Ciudadana como Base Técnica
Frente al contexto nacional, donde la reducción de brechas es una prioridad del Ejecutivo, el documento se sustenta en datos empíricos recogidos directamente de las mujeres ecuatorianas. Cerca de 600 participantes aportaron sus necesidades y propuestas durante las instancias territoriales previas a esta socialización oficial. Estas voces sirvieron como base técnica para definir acciones dirigidas explícamente a reducir brechas, prevenir la violencia de género y garantizar el ejercicio pleno de derechos.
Desde la Función Judicial se enfatizó la necesidad de mantener una coordinación permanente con el Ejecutivo. El objetivo es mejorar los mecanismos de prevención y facilitar un acceso efectivo a la justicia para las víctimas. Esta alianza entre la administración pública y el sistema judicial refuerza la capacidad del Estado ecuatoriano para responder ante casos complejos, asegurando que la ley no sea solo un texto, sino una herramienta operativa de protección social.
