El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso la suspensión provisional por nueve meses del movimiento político AMIGO, Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades. Esta resolución fue adoptada tras admitir a trámite un pedido presentado por la Fiscalía General del Estado dentro de una investigación por presunto lavado de activos. La medida ordena suspender al movimiento en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que implica su exclusión inmediata de los procesos electorales locales.
Exclusión de las elecciones seccionales
Mientras esta medida cautelar permanezca vigente, AMIGO no podrá inscribir candidatos para las próximas elecciones seccionales, previstas para noviembre del presente año. La decisión judicial se basa en una solicitud formal presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, quien notificó al TCE sobre la existencia de un proceso penal previo que involucra directamente a la organización y a sus directivos. El tribunal señaló explícitamente que la normativa electoral faculta este tipo de medidas cuando la Fiscalía comunica la existencia de un proceso por presunto lavado de activos relacionado con una estructura política.
Carácter cautelar del fallo
Es fundamental destacar que el TCE aclaró en su resolución que la suspensión tiene carácter estrictamente cautelar y no representa, bajo ninguna circunstancia, un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal o administrativa definitiva del movimiento ni de sus dirigentes. Esta distinción legal es crucial para mantener las garantías procesales de los involucrados hasta que se resuelva el fondo del asunto judicial.
La resolución establece mecanismos claros para la revisión de esta medida. La suspensión podrá ser levantada si la Fiscalía retira el pedido inicial, si la investigación concluye con una sentencia firme o si cambian las circunstancias fácticas y jurídicas que motivaron la decisión original. Esta cláusula asegura que la restricción política esté directamente vinculada a la vigencia del proceso penal en curso.
