El presidente interino de Perú, José María Balcázar, inició este martes su juicio oral en el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, acusado de presunta apropiación ilícita. La Fiscalía sostiene que desvió fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque a sus cuentas personales entre 2019 y 2020 cuando ejercía como decano de la institución. El proceso judicial se desarrolló mediante audiencia virtual, donde Balcázar confirmó su identidad, declaró carecer de antecedentes penales y señaló que reside actualmente en el Palacio de Gobierno.
Defensa solicita suspensión del proceso
Durante la apertura del juicio, el abogado defensor de Balcázar, Víctor Pariona, presentó una solicitud para paralizar las actuaciones hasta el 28 de julio de 2026. El argumento central se basa en que, como presidente interino y congresista desde 2021, Balcázar no puede ser sometido a juicios mientras ejerce su cargo. Pariona también invocó la excepción de prescripción de la acción civil, sosteniendo que el plazo venció el 12 de junio de 2026.
El mandatario peruano detalló en la audiencia sus datos personales y económicos, informando que percibe ingresos mensuales entre 5.800 y 8.800 dólares (entre 20.000 y 30.000 soles) y tiene tres hijos. La defensa argumenta además que los hechos ocurrieron cuando el acusado tenía más de 65 años, lo cual podría influir en la aplicación de ciertas normas jurídicas respecto a su edad avanzada.
Posición del Ministerio Público
El Ministerio Público rechazó frontalmente las peticiones de la defensa. Según la fiscalía, la acusación se encuentra dentro del plazo legal establecido y la acción civil no prescribirá hasta el 17 de junio de 2027. Los fiscales sostienen que pagos realizados por abogados agremiados no ingresaron correctamente a las cuentas institucionales y terminaron depositados en cuentas personales de Balcázar.
Ante esta discrepancia, el juez se reservó la decisión sobre si suspende o continúa con el proceso judicial. Cabe recordar que Balcázar fue nombrado jefe del Gobierno de transición por el Congreso en febrero pasado, sucediendo a José Jerí destituido. Su abogado ya había argumentado previamente que no cuenta con inmunidad penal absoluta para este caso específico iniciado antes de asumir la jefatura de Estado.
