El gobierno de Perú, bajo la gestión del presidente Keiko Fujimori quien asumió el cargo el 28 de julio, ha reafirmado su compromiso institucional con la lucha contra la minería ilegal en la región amazónica. Esta declaración fue realizada por Vladimiro Huaroc, ministro del Ambiente, durante una visita oficial a la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, un área protegida que resguarda cerca de 58.000 hectáreas de bosques nativos vitales para el ecosistema regional.
Fortalecimiento de la vigilancia en Loreto
Huaroc visitó específicamente el Puesto de Vigilancia y Control Yarana, ubicado estratégicamente dentro de la reserva amazónica. En este punto, destacado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) como clave para monitorear el ingreso de combustible e insumos utilizados en actividades ilícitas aguas arriba del río Nanay, se detallaron las acciones conjuntas entre diversas entidades estatales.
“Como Gobierno tenemos el compromiso de fortalecer las acciones para combatir los delitos que amenazan nuestra Amazonía. Lo haremos con un trabajo articulado entre las instituciones del Estado y con mayor presencia en el territorio”, afirmó el ministro Huaroc durante la inspección técnica.
Coordinación interinstitucional
Durante su estadía, el titular de Medio Ambiente recibió informes detallados sobre los operativos desarrollados por la Policía Nacional, la Marina de Guerra, el gobierno regional de Loreto y el Ministerio Público. La complejidad del territorio amazónico y las variaciones en las rutas empleadas por las organizaciones criminales exigen una coordinación permanente entre estas entidades para garantizar la efectividad de las medidas de control.
El Sernanp remarcó que la protección de la cuenca del río Nanay, uno de los principales afluentes del Amazonas, requiere un respaldo continuo. En respuesta a esta necesidad, el Ministerio del Ambiente se comprometió a fortalecer las capacidades operativas y logísticas del organismo encargado de proteger estas áreas naturales, asegurando así la preservación integral del entorno ecológico frente a las amenazas extractivas ilegales.
