Las Fuerzas Armadas del Ecuador, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), ejecutaron una serie de operativos contundentes contra la minería ilegal en la provincia de Azuay y en sectores estratégicos de la Amazonía ecuatoriana. Durante las intervenciones, se destruyeron campamentos clandestinos, maquinaria pesada y reservas de combustible utilizadas para la extracción ilícita de minerales.
Las acciones se enmarcan en la política de mano dura del Gobierno de Daniel Noboa contra las economías ilegales que alimentan al crimen organizado y generan devastación ambiental en algunas de las zonas con mayor biodiversidad del planeta.
Operativos en Camilo Ponce Enríquez: epicentro de la minería ilegal
Uno de los principales focos de intervención fue el cantón Camilo Ponce Enríquez, ubicado en el sur de la provincia de Azuay, una zona históricamente golpeada por la actividad minera irregular. En este sector, las fuerzas de seguridad localizaron y desmantelaron campamentos que operaban de forma clandestina, sin permisos ambientales ni concesiones legales.
Durante el operativo se procedió a la destrucción de maquinaria pesada —incluyendo retroexcavadoras, clasificadoras y bombas de succión— así como de importantes cantidades de combustible almacenado ilegalmente para sostener las operaciones extractivas. Estas herramientas, valoradas en miles de dólares, evidencian el nivel de organización y financiamiento detrás de las redes de minería ilegal que operan en la zona.
Camilo Ponce Enríquez ha sido señalado en múltiples informes como un territorio donde confluyen intereses del crimen organizado, la explotación laboral y la degradación de cuencas hídricas. La intervención de las FFAA envía un mensaje claro: el Estado no tolerará la presencia de economías ilícitas que comprometan tanto la seguridad ciudadana como el patrimonio natural del país.
La Amazonía bajo protección: intervenciones en zonas de alta sensibilidad ecológica
De forma simultánea, se llevaron a cabo operativos en sectores de la Amazonía ecuatoriana, donde la minería ilegal ha venido expandiéndose en los últimos años con graves consecuencias para los ecosistemas fluviales y las comunidades indígenas aledañas.
En estas zonas, los operativos permitieron neutralizar instalaciones clandestinas que utilizaban mercurio y otros químicos altamente contaminantes para el procesamiento de oro, una práctica que envenena ríos y afecta directamente la salud de las poblaciones locales. La destrucción de estos campamentos busca frenar el avance de una actividad que no solo es ilegal, sino que genera un daño ambiental de difícil reversión.
Las Fuerzas Armadas han intensificado su presencia en la región amazónica como parte de la estrategia integral del Ejecutivo para recuperar el control territorial en zonas que, durante años, estuvieron prácticamente abandonadas por el Estado. La articulación con ARCOM permite que las acciones tengan respaldo técnico y legal, lo que fortalece la efectividad de cada intervención.
Minería ilegal: un problema de seguridad nacional
La minería ilegal no es simplemente una infracción administrativa. Según múltiples reportes de inteligencia, esta actividad se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en Ecuador, junto con el narcotráfico y la extorsión. Bandas criminales transnacionales han encontrado en la extracción ilícita de oro una vía para lavar dinero y sostener sus estructuras delictivas.
El gobierno de Daniel Noboa ha identificado este nexo como una amenaza directa a la seguridad nacional y ha dispuesto que las Fuerzas Armadas participen activamente en la erradicación de esta economía ilegal. La declaratoria de conflicto armado interno, vigente desde enero de 2024, otorga un marco jurídico para que los militares actúen de manera decisiva en estos territorios.
Es importante destacar que estas acciones no van dirigidas contra la minería legal y regulada, sector que el gobierno busca potenciar como motor de desarrollo económico. Ecuador posee reservas minerales significativas cuya explotación responsable, con inversión extranjera y estándares ambientales internacionales, podría generar miles de empleos y considerables ingresos fiscales. La diferencia es clara: minería legal con reglas versus explotación clandestina al servicio del crimen.
Resultados concretos y compromiso sostenido
Los operativos reportados por Radio Centro y Sucre Noticias se suman a una serie de intervenciones que las Fuerzas Armadas han ejecutado en las últimas semanas en distintas provincias del país. La destrucción de maquinaria e infraestructura ilegal tiene un impacto económico directo sobre las organizaciones criminales, al elevar significativamente sus costos operativos y reducir su capacidad de extracción.
Las autoridades han señalado que estos operativos continuarán de manera sostenida y que se fortalecerán los mecanismos de vigilancia satelital y patrullaje aéreo para detectar nuevas incursiones ilegales en zonas protegidas y concesiones mineras formales.
La lucha contra la minería ilegal requiere no solo fuerza operativa, sino también voluntad política firme. Los resultados obtenidos en Azuay y la Amazonía demuestran que el Ejecutivo está comprometido con recuperar la soberanía territorial y proteger los recursos naturales del Ecuador, al tiempo que combate las estructuras criminales que se benefician de esta actividad ilícita.
Para los ciudadanos de las zonas afectadas, estas intervenciones representan una esperanza concreta de que el Estado ha dejado de mirar hacia otro lado. La presencia permanente de las Fuerzas Armadas en estos territorios es, sin duda, un paso en la dirección correcta.
