La presencia recurrente de dispositivos móviles y equipos de comunicación clandestinos dentro del sistema penitenciario ecuatoriano ha puesto en evidencia las limitaciones técnicas y operativas del Estado para garantizar el control efectivo de los centros de privación de libertad. La controversia sobre la veracidad de un mensaje publicado por el exministro José Serrano desde la cárcel El Encuentro, cuya difusión fue atribuida a terceros externos según el SNai, ha reabierto el debate central: ¿cuánto control real tiene el Estado sobre las comunicaciones penitenciarias? Los hallazgos del propio Ejército en operaciones recientes demuestran que, pese al marco normativo y tecnológico implementado por la administración de Daniel Noboa, persisten vías alternativas para el crimen organizado.
Hallazgos militares exponen nuevas brechas tecnológicas
En agosto pasado, durante un operativo Camex en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N.° 5, ubicado en Pascuales, las Fuerzas Armadas decomisaron quince celulares, tres módems y otros equipos de comunicación. Días después, en el CPL Guayas N.° 4, los militares encontraron diez teléfonos adicionales y un elemento crítico: una antena de internet satelital Starlink. La existencia de esta infraestructura plantea un desafío superior al simple ingreso de aparatos prohibidos, ya que permite establecer conexión a internet independiente de las redes celulares convencionales.
Esta realidad obliga a revisar la estrategia tecnológica del Gobierno, que en abril expidió un reglamento para el sistema penitenciario contemplando el uso permanente de tecnologías de bloqueo e inhibición de señales. Sin embargo, bloquear una red celular no equivale a impedir cualquier forma de conexión; los inhibidores actúan sobre frecuencias específicas y son vulnerables ante enlaces satelitales o redes WiFi, como lo han documentado informes en la región.
Delincuencia organizada aprovecha las fallas del control
Más allá de la tecnología, el problema tiene consecuencias directas en la seguridad ciudadana. La Policía Nacional ha documentado cómo los celulares dentro de las cárceles se convierten en herramientas operativas para organizaciones criminales. El 11 de agosto, tras el Operativo Libertad 909 ejecutado por la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestros (Unase), se determinó que llamadas intimidatorias contra una comerciante de Manta —que exigían cinco mil dólares— provenían del interior del Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi. En esa intervención, fueron aprehendidas tres personas privadas de libertad, según informamos en Control comercial revela red de extorsión con call center en el norte de Quito.
El balance policial reveló la incautación de cuatro teléfonos y tarjetas SIM en el penal cotopaxense, confirmando que las barreras físicas no impidieron la coordinación del delito. Aunque el artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con prisión el ingreso de estos equipos —caso aplicado a Daniel Salcedo—, la distancia entre la norma escrita y lo ocurrido en los centros penitenciarios sigue siendo una brecha que las organizaciones criminales aprovechan para mantener su influencia fuera de las rejas.
