En el marco de las estrategias nacionales para fortalecer la seguridad y combatir la delincuencia organizada, personal conjunto entre ECU911 y las Fuerzas Armadas ejecutó este martes un operativo en la cooperativa Juan Montalvo, ubicada al norte de Guayaquil. Durante esta intervención se identificaron y retiraron 25 dispositivos de videovigilancia instalados de manera irregular sobre postes y bienes públicos. Las autoridades confirman que estos equipos eran utilizados por grupos criminales para monitorear los movimientos de las fuerzas del orden y alertar sobre la proximidad de operativos policiales o militares.
Desmantelamiento de redes de vigilancia criminal
Durante el operativo, militarizaciones avanzaron sistemáticamente por varias calles del sector mientras personal técnico del ECU911 verificaba punto por punto cada dispositivo. Al confirmar que las cámaras estaban fijadas en infraestructura pública y no en propiedades privadas autorizadas, los equipos fueron desmontados con apoyo de escaleras para dejarlos fuera de funcionamiento inmediato.
Juan Carlos Paladines, director general del ECU911, explicó que la instalación de estos sistemas está estrictamente regulada por el Decreto Ejecutivo 214. Esta normativa establece que únicamente esta entidad tiene la potestad legal para autorizar videovigilancia en espacios públicos. "En otros casos, las cámaras son colocadas y apuntan a ciertos lugares estratégicos donde la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizan operativos", señaló Paladines, advirtiendo sobre el riesgo de que personas desconocidas monitoreen estas imágenes.
Alcance nacional del operativo
Desde que se iniciaron estos desmantelamientos en agosto de 2025, las autoridades han retirado cerca de 800 cámaras a lo largo y ancho del país. Las operaciones ya se han desarrollado en ciudades clave como Babahoyo, Guaranda, Machala, Ambato, Riobamba, Quito y Guayaquil. Según los datos oficiales proporcionados por el ECU911, apenas el 15% de estos dispositivos ha sido reclamado legítimamente por propietarios que acreditaron su titularidad con facturas.
El bajo porcentaje de reclamos legitima la hipótesis oficial de que la mayoría de estas cámaras fueron instaladas presumiblemente por grupos delictivos. Estos dispositivos no solo sirven para alertar sobre el ingreso de policías, sino también para identificar movimientos vecinales y facilitar delitos como extorsiones o disputas territoriales, información confirmada por Vistazo.
Marco legal y advertencias
Aunque la normativa permite a los ciudadanos instalar cámaras dentro de sus viviendas o locales comerciales privados, se reitera que cualquier dispositivo en bienes públicos será retirado. Quienes consideren ser propietarios legítimos tienen un plazo de 30 días para acudir al ECU911 con su factura correspondiente e iniciar el trámite administrativo.
Las Fuerzas Armadas informaron que este tipo de intervenciones continuará activamente en distintos sectores del país, consolidando la mano firme del gobierno contra las estructuras criminales que intentan vulnerar la seguridad ciudadana mediante vigilancia ilegal.
