Un menor de apenas 13 años protagonizó un ataque armado con un fusil AK-47 en el cantón Jaramijó, provincia de Manabí, apenas días después de haber sido aprehendido por la Policía Nacional mientras portaba granadas de fragmentación. El caso expone con crudeza las fallas del sistema judicial ecuatoriano en materia de adolescentes infractores y la creciente instrumentalización de menores de edad por parte del crimen organizado.
Según información difundida por Primicias, el menor fue inicialmente detenido por agentes policiales al ser encontrado en posesión de artefactos explosivos, una situación que por sí sola debería haber activado protocolos de máxima alerta. Sin embargo, el adolescente fue liberado y devuelto a su entorno, donde —en cuestión de días— escaló su nivel de violencia hasta perpetrar un ataque con armamento de guerra.
Un sistema que devuelve menores armados a las calles
El episodio de Jaramijó no es un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática estructural que la Policía Nacional ha denunciado en reiteradas ocasiones. Los uniformados señalan que sus esfuerzos operativos se ven neutralizados cuando las autoridades judiciales liberan a menores de edad involucrados en actividades delictivas de alto riesgo, sin medidas efectivas de seguimiento ni contención.
La legislación ecuatoriana, basada en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, establece un tratamiento diferenciado para los menores infractores que prioriza la reinserción social sobre la sanción punitiva. No obstante, este marco normativo fue diseñado para una realidad distinta a la actual, cuando las organizaciones criminales transnacionales no reclutaban sistemáticamente a niños como soldados y sicarios.
Que un adolescente de 13 años tenga acceso a granadas de fragmentación y fusiles AK-47 —armamento de uso militar restringido— evidencia que no se trata de un caso de delincuencia juvenil común, sino de un menor cooptado por estructuras del crimen organizado que operan con logística bélica en la costa ecuatoriana.
La Policía exige respaldo judicial y reformas urgentes
Ante este tipo de situaciones, la Policía Nacional ha hecho un llamado público a las autoridades judiciales para que brinden mayor respaldo institucional a las labores de seguridad. Los agentes argumentan que la aprehensión de menores armados con material de guerra debería generar consecuencias judiciales proporcionales al nivel de peligrosidad, independientemente de la edad del infractor.
El reclamo policial apunta directamente a los jueces de niñez y adolescencia, quienes en numerosos casos ordenan la liberación inmediata de menores aprehendidos en flagrancia con armas, drogas o explosivos. Esta dinámica, según fuentes policiales, genera un ciclo perverso: los grupos criminales utilizan deliberadamente a menores de edad precisamente porque saben que el sistema judicial los devolverá a la calle en horas.
La situación plantea un dilema urgente para el Estado ecuatoriano: cómo proteger los derechos de los menores de edad sin convertir esa protección en una herramienta que el crimen organizado explota para garantizar impunidad operativa.
El reclutamiento de menores: una estrategia del narco
El caso de Jaramijó se inscribe en una tendencia alarmante documentada en varias provincias costeras del país. Organizaciones vinculadas al narcotráfico han intensificado el reclutamiento de niños y adolescentes para tareas que van desde el microtráfico y la vigilancia hasta la ejecución de ataques armados y asesinatos por encargo.
Manabí, junto con Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y El Oro, figura entre las provincias más afectadas por este fenómeno. Los menores reclutados provienen mayoritariamente de entornos de extrema vulnerabilidad socioeconómica, donde las bandas criminales ofrecen ingresos, protección y un sentido de pertenencia que el Estado no ha logrado garantizar.
El gobierno del presidente Daniel Noboa ha impulsado una política de mano dura contra el crimen organizado, declarando el conflicto armado interno a inicios de 2024 y desplegando operaciones militares y policiales de gran escala. Sin embargo, el fenómeno de los menores sicarios representa un desafío que trasciende lo operativo y requiere reformas legales e institucionales profundas.
La necesidad de una respuesta integral
Expertos en seguridad coinciden en que abordar esta problemática exige una estrategia en múltiples frentes. En el plano legislativo, resulta imprescindible actualizar el marco jurídico para que contemple medidas cautelares efectivas cuando menores son aprehendidos con armamento de guerra, sin que esto signifique criminalizar la niñez en su conjunto.
En el ámbito de prevención, se requiere fortalecer los programas de intervención temprana en comunidades vulnerables, con el objetivo de disputar a las bandas criminales el reclutamiento de menores antes de que estos sean absorbidos por las estructuras delictivas.
El caso de Jaramijó debe servir como punto de inflexión. Un niño de 13 años que porta granadas un día y dispara un AK-47 al siguiente no es solo un problema de seguridad pública: es la evidencia más dolorosa del fracaso de múltiples instituciones del Estado en su deber de proteger a la infancia ecuatoriana.
La respuesta no puede limitarse a detener y liberar en un ciclo sin fin. El gobierno, la Asamblea Nacional, la Función Judicial y los organismos de protección de menores tienen la obligación de articular una respuesta que sea, al mismo tiempo, firme contra el crimen y protectora de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes del país.
