La Policía Nacional del Ecuador lanzó en las primeras horas de este día el Operativo Apolo 11, un despliegue de gran envergadura enfocado en desarticular estructuras criminales que operan en los sectores de Villanueva, Puerto Inca y Naranjal, en la provincia del Guayas. La intervención forma parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa para recuperar el control territorial en zonas históricamente afectadas por la violencia y el crimen organizado.
Según información difundida por Sucre Noticias, el operativo se activó desde la madrugada con la participación de múltiples unidades policiales, que ejecutaron allanamientos, controles vehiculares y labores de inteligencia en puntos estratégicos de estas localidades del sur de la provincia.
Un operativo de alcance estratégico en zonas críticas
Naranjal y Puerto Inca son cantones que en los últimos años han experimentado un incremento significativo en la actividad delictiva, vinculada tanto al narcotráfico como a bandas de extorsión y sicariato. La zona, ubicada en el corredor sur del Guayas, ha sido identificada por las autoridades como un eje logístico utilizado por organizaciones criminales para el tránsito de sustancias ilícitas y el reclutamiento de miembros.
El Operativo Apolo 11 responde a meses de trabajo de inteligencia policial. Las fuerzas del orden se desplegaron simultáneamente en varios puntos de Villanueva, Puerto Inca y el casco urbano de Naranjal, con el objetivo de ejecutar órdenes judiciales, identificar a presuntos cabecillas de bandas delictivas y decomisar evidencia vinculada a actividades ilícitas.
Este tipo de intervenciones coordinadas han sido una constante desde que el presidente Noboa declaró el conflicto armado interno a inicios de 2024 y reforzó la política de mano dura contra las estructuras del crimen organizado que afectan la seguridad ciudadana en las provincias costeras del país.
La estrategia de seguridad del Gobierno en el Guayas
La provincia del Guayas ha sido uno de los principales escenarios de la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Guayaquil, Durán, Daule y los cantones del sur provincial han concentrado una proporción significativa de los homicidios intencionales registrados en el país durante los últimos dos años.
Frente a esta realidad, el Ejecutivo ha apostado por una combinación de operativos policiales de alto impacto, presencia militar permanente en zonas conflictivas y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia. Los resultados, según cifras oficiales, han mostrado una tendencia a la baja en las tasas de homicidios en varias ciudades del país, aunque las autoridades reconocen que la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales requiere un esfuerzo sostenido.
El Operativo Apolo 11 se suma a una serie de intervenciones recientes ejecutadas en el litoral ecuatoriano, donde la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han trabajado de manera conjunta para desmantelar células criminales, desactivar laboratorios de procesamiento de drogas y capturar a individuos con órdenes de detención pendientes.
La política de seguridad del gobierno de Daniel Noboa ha priorizado la acción directa contra las estructuras criminales, con operativos coordinados que buscan golpear simultáneamente las finanzas, la logística y el liderazgo de las organizaciones delictivas.
Naranjal y Puerto Inca: territorios en disputa
Naranjal, con una población que supera los 80.000 habitantes según proyecciones del INEC, es un cantón agrícola que ha visto cómo la violencia se ha infiltrado en su tejido social. La presencia de bandas criminales ha generado extorsiones a comerciantes, amenazas a transportistas y enfrentamientos armados que han puesto en riesgo a la población civil.
Puerto Inca, por su parte, es una parroquia rural que por su ubicación geográfica —entre la costa y las estribaciones de la cordillera— se ha convertido en un punto de interés para las redes de narcotráfico. Su acceso a vías secundarias y la cercanía con rutas fluviales la hacen particularmente vulnerable a la actividad criminal.
La ejecución del Operativo Apolo 11 en estos territorios envía un mensaje claro: el Estado no cederá espacios al crimen organizado, incluso en zonas rurales donde históricamente la presencia institucional ha sido limitada. La intervención policial busca no solo generar capturas y decomisos, sino también restablecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.
La importancia de sostener los resultados
Expertos en seguridad han señalado que la efectividad de este tipo de operativos depende no solo de la fase de intervención, sino también del seguimiento judicial y de la capacidad del Estado para mantener presencia permanente en las zonas intervenidas. Sin un componente de consolidación territorial, existe el riesgo de que las estructuras criminales se reorganicen una vez que las fuerzas de seguridad se replieguen.
En este sentido, el Gobierno ha avanzado en el fortalecimiento de los circuitos de seguridad y en la coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General del Estado y el sistema judicial, buscando que los operativos se traduzcan en procesos penales efectivos y sentencias condenatorias.
Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan un balance oficial del Operativo Apolo 11, con detalles sobre el número de detenidos, las evidencias incautadas y las órdenes judiciales ejecutadas. La ciudadanía de Naranjal y Puerto Inca, mientras tanto, observa con expectativa una intervención que podría marcar un punto de inflexión en la seguridad de estos cantones del sur del Guayas.
