La agenda judicial en Ecuador continúa registrando avances significativos en la investigación y juzgamiento de figuras vinculadas a la Revolución Ciudadana. Más de diez procesos penales salpican actualmente al movimiento político, abarcando delitos que van desde el cohecho hasta el asesinato. Entre los casos más notorios se encuentran Metástasis, Liga2, Magnicidio FV, Secom y Goleada, en los cuales están siendo investigados personajes relacionados con la organización política anteriormente gobernante.
Avances judiciales y sentencias firmes
Hasta antes de 2024, las causas más conocidas eran Sobornos 2012-2016, Odebrecht Ecuador, Secom o Senagua. Sin embargo, desde esa fecha han cobrado notoriedad procesos como el caso Magnicidio FV y la Reconstrucción de Manabí. En su mayoría, las causas anteriores a 2024 ya cuentan con penas firmes por asociación ilícita, cohecho o peculado.
Entre los condenados se encuentran expresidentes y exministros. El exvicepresidente Jorge Glas está próximo a completar la pena acumulada de ocho años de prisión impuesta por Odebrecht Ecuador y Sobornos. A esta condena debe sumarse una sentencia de trece años como coautor del delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, donde jueces determinaron que abusó de dineros públicos recaudados para las víctimas del terremoto de 2016.
Extradiciones y audiencias pendientes
Mientras algunos procesan su situación penal dentro del país, otros se encuentran en el exterior. El exministro Walter Solís mantiene dos sentencias firmes de ocho años cada una por cohecho y peculado. Actualmente reside en México bajo la figura de refugiado otorgada por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados desde 2021. A pesar de su ausencia, el juicio continúa debido a que el peculado es un delito contra la eficiencia administrativa.
En otros casos, como Metástasis, la Fiscalía vinculó al exasambleísta Ronny Aleaga con una estructura criminal liderada por narcotraficantes para obtener fallos judiciales favorables. Asimismo, en Liga2 y Goleada, los tribunales están definiendo fechas para audiencias de juzgamiento o reemplazos de jueces, mientras se resuelven temas de medidas cautelares y extradición.
