Foto: Asamblea Nacional del Ecuador / Wikimedia Commons · CC BY-SA 2.0
Ley Antimafias entra en vigencia: penas acumuladas podrán llegar a 60 años
Noboa admitió sin objeciones la reforma aprobada por la Asamblea el 9 de noviembre; la norma castiga con hasta 22 años la pertenencia a organizaciones delictivas
La denominada Ley Antimafias entró en vigencia este jueves 12 de noviembre de 2026, tras su publicación en el Registro Oficial. El presidente Daniel Noboa dispuso la publicación de la norma tres días después de que la Asamblea Nacional la aprobara en segundo debate, el lunes 9 de noviembre, y sin presentar objeciones al texto remitido por el Legislativo.
Según informó Primicias, el secretario Jurídico de la Presidencia, Aldrin Gómez, comunicó que el mandatario admitió el proyecto el 11 de noviembre. La rapidez del trámite confirma la prioridad que el Ejecutivo otorga a dotar a la Policía, a la Fiscalía y a los jueces de herramientas más severas contra las estructuras del crimen organizado.
La reforma fue aprobada con 85 votos de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), del Partido Social Cristiano (PSC) y de legisladores independientes aliados del oficialismo. Revolución Ciudadana y Pachakutik votaron en contra, con 61 votos.
Qué cambia desde hoy
La ley modifica el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la legislación sobre drogas, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial. Uno de sus ejes es sancionar con hasta 22 años de prisión la pertenencia a organizaciones delictivas, de modo que la persecución penal alcance no solo a los cabecillas, sino también a reclutadores, ejecutores y financistas.
La norma establece que, cuando una persona sea condenada por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes, el límite de acumulación de penas podrá llegar a 60 años, frente al máximo de 40 años que regía hasta ahora. También prevé la inhabilitación profesional de abogados y contadores condenados por prestar servicios al crimen organizado.
En materia de hidrocarburos, endurece las sanciones, con hasta 13 años de cárcel, para el almacenamiento, transporte, envasado, distribución, comercialización y refinación ilegal de petróleo, combustibles y derivados, así como para su sustracción y extracción clandestina. Serán agravantes que estas actividades financien a organizaciones criminales, afecten infraestructura o el ambiente, o pongan en riesgo vidas.
Cooperación eficaz y protección a jueces
El texto incorpora la cooperación eficaz, con beneficios condicionados a la entrega de información verificable y a resultados concretos en la identificación de responsables y la desarticulación de organizaciones criminales. Esos beneficios no se aplicarán a delitos contra la vida ni contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes.
Además, se crean mecanismos para proteger la identidad de los jueces que conozcan causas de delincuencia organizada y se fortalece la administración de bienes de origen ilícito, incluida su venta anticipada con autorización judicial y su asignación provisional para fines sociales.
La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, proponente de la reforma, destacó el asesoramiento técnico de Italia en la elaboración del proyecto. La entrada en vigor coincide con la renovación por 30 días del estado de excepción en ocho provincias, dispuesta por el Ejecutivo el 11 de noviembre, y con la intensificación de los operativos contra los grupos armados organizados.
