Dos días después del lamentable asesinato de la jueza Lady Pachar Huanga en la provincia de El Oro, el Consejo de la Judicatura (CJ) ha anunciado un paquete de medidas urgentes destinadas a reforzar la seguridad de los operadores de justicia a nivel nacional. La magistrada fue víctima de un ataque armado la tarde del pasado lunes 11 de mayo de 2026, mientras se desplazaba en su vehículo por la avenida Colón Tinoco, a la altura de la ciudadela Machalilla, en el sur de Machala. El hecho, ocurrido cerca de las 18:00, ha generado una profunda preocupación en el sector judicial y ha obligado a las autoridades a tomar acciones inmediatas.
Medidas urgentes del Consejo de la Judicatura
En una sesión extraordinaria realizada el 12 de mayo, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, dispuso la instalación de mesas técnicas de trabajo. Estas instancias contarán con la participación de diversos actores clave, incluyendo a la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) y sus delegados provinciales. El objetivo principal es evaluar y fortalecer los protocolos de protección existentes para el personal judicial.
Adicionalmente, la Judicatura aseguró que se propondrá la creación de un departamento de coordinación específico con el Ministerio del Interior. Esta nueva instancia busca agilizar la atención y aprobación de los pedidos de seguridad que presentan los servidores judiciales, eliminando trabas burocráticas que podrían poner en riesgo sus vidas. La presidenta Caicedo también ordenó a la Dirección General del CJ levantar una información detallada sobre las condiciones de seguridad en las dependencias judiciales, el número de servidores que han reportado amenazas o han sido víctimas del crimen organizado, y cuántos cuentan actualmente con resguardo policial permanente o monitoreo preventivo.
Presión de la Asociación de Magistrados
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces ha demandado al Consejo de la Judicatura y al Ministerio del Interior la adopción urgente de medidas reales y efectivas. El gremio judicial señaló que esta situación evidencia el grave deterioro de las condiciones mínimas para el ejercicio independiente y seguro de la administración de justicia. La magistrada asesinada había recibido amenazas previas, lo que subraya la necesidad crítica de activar los mecanismos de protección que, según se informó, no estaban operativos en el momento del ataque.
El hallazgo de un carro incinerado y una moto abandonada tras el crimen ha intensificado la investigación. El gobierno y las instituciones competentes mantienen su compromiso con la lucha contra la impunidad y la protección de quienes ejercen la función pública en contextos de alta vulnerabilidad.
