El Gobierno Nacional ha oficializado el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 mediante la publicación del Decreto Ejecutivo 448. Esta medida busca articular una estrategia unificada del Estado para enfrentar lo que define como un conflicto armado interno, con el objetivo central de recuperar el control territorial y neutralizar a los grupos armados organizados presentes en el país.
Estrategia integral contra la criminalidad
La nueva política pública establece una hoja de ruta clara que articula las acciones de diversas instituciones estatales. El documento no solo se enfoca en la respuesta operativa, sino que también contempla objetivos y resultados medibles para evaluar el desempeño del Estado frente a la inseguridad. Entre los ejes rectores se encuentran el fortalecimiento de las capacidades operativas institucionales y la recuperación efectiva del territorio bajo jurisdicción estatal.
Además de las acciones militares y policiales, el plan integra medidas estructurales para reforzar el sistema penitenciario ecuatoriano. Esta acción responde a la necesidad de garantizar que los espacios de privación de libertad no se conviertan en centros de mando para las economías criminales. Asimismo, se prevé impulsar la cooperación internacional como un pilar fundamental para combatir estas redes ilícitas desde una perspectiva global.
Planificación de largo plazo y prevención
Según el comunicado oficial emitido por la Presidencia, esta estrategia busca consolidar una política de Estado que trascienda los ciclos políticos inmediatos. La planificación para el período 2025-2029 está diseñada para permitir la recuperación de la paz social y mejorar las condiciones de seguridad a través de un enfoque integral. El documento también destaca medidas de prevención orientadas directamente a proteger a la ciudadanía, reconociendo que la seguridad requiere tanto de la fuerza como de la protección civil.
La oficialización de este plan representa una respuesta directa del Ejecutivo ante los desafíos de seguridad que enfrenta Ecuador en las últimas décadas. Al declarar esta iniciativa como política pública, el Gobierno reafirma su compromiso con la mano dura contra el crimen organizado y la restauración del orden público mediante mecanismos legales e institucionales robustos.
