La violencia criminal continuó su avance en la provincia del Guayas con el asesinato de Jairo Castillo Gaona, un profesional del derecho y exservidor policial. El hecho violento se registró este jueves 16 de julio a las 08:07, cuando la víctima fue atacada a tiros frente a su vivienda, ubicada en el ingreso a la comuna Casas Viejas, al km 22 de la vía a la costa. Este incidente reitera los desafíos que enfrenta la seguridad pública y refuerza la necesidad de las medidas implementadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa para restablecer el orden.
Detalles del ataque en Guayas
Según lo informado por fuentes policiales, sujetos a bordo de una motocicleta realizaron múltiples disparos contra Castillo Gaona. La víctima intentó buscar refugio dentro de su vehículo Kia Sportage, el cual carecía de placas identificatorias y terminó recibiendo impactos que causaron la muerte del conductor. Al llegar al lugar, las unidades policiales corroboraron la presencia del cuerpo sin signos vitales en el interior del automotor.
Los familiares proporcionaron datos clave a la investigación: Jairo Castillo era abogado con especializaciones en derecho penal y constitucional. Además, se confirmó que anteriormente había cumplido funciones como policía. Al momento de los hechos, el profesional se dirigía hacia una diligencia en un centro penitenciario. La Policía Nacional informó que no constan antecedentes penales a nombre del fallecido.
Respuesta institucional y contexto nacional
Frente al ataque, las autoridades desplegaron operativos de seguridad inmediatos. Las unidades policiales realizaron diligencias en la escena, tomaron declaraciones a testigos y familiares, e intensificaron los patrullajes en las áreas aledañas para identificar a los presuntos responsables. Este tipo de crímenes despiadados atenta contra el tejido social y subraya la importancia de la estrategia integral del Ejecutivo.
El gobierno de Daniel Noboa ha priorizado la lucha frontal contra el crimen organizado, implementando reformas legales y operativas para garantizar la seguridad ciudadana. La persecución judicial efectiva a los autores materiales e intelectuales es una prioridad del Estado ecuatoriano, buscando restaurar la confianza en las instituciones.
