El Gobierno de Daniel Noboa ha presentado recursos de reconsideración y nulidad contra las resoluciones emitidas por la Comunidad Andina (CAN) en relación con la Tasa de Seguridad aplicada a mercancías provenientes de Colombia. Esta decisión jurídica abre un nuevo proceso que, según estimaciones de especialistas, podría extenderse durante más de un año. No obstante, expertos consultados coinciden en que las apelaciones no suspenden la obligación inmediata de desmontar la medida, la cual ya se encuentra en incumplimiento tras vencerse el plazo de diez días otorgado por el organismo andino.
Plazos y efectos de la apelación
Gabriel Pinto, director tributario y aduanero de Meythaler & Zambrano Abogados, señala que los recursos presentados por el Ejecutivo "no tienen efecto suspensivo". Esto implica que, legalmente, Ecuador ya está en incumplimiento porque la resolución de la CAN es obligatoria desde su emisión. Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, refuerza esta postura al afirmar que la apelación no elimina ni exime el cumplimiento de la norma andina.
El primer paso del proceso será la revisión del recurso de reconsideración ante la Secretaría General de la CAN. Pinto explica que este organismo tiene alrededor de 45 días hábiles para pronunciarse sobre el reclamo ecuatoriano, pudiendo aceptar, rechazar o modificar parcialmente la resolución. Freddy Cevallos, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Colombiana (CAMECOL), indica que la posición del Gobierno es mantener la tasa vigente mientras se resuelven las impugnaciones, argumentando elementos jurídicos no considerados previamente, así lo reportó Contexto Peruano.
Escenarios jurídicos y posibles sanciones
Si la reconsideración no favorece a Ecuador, el siguiente paso será acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante una acción de nulidad. Este proceso judicial podría extenderse entre doce y catorce meses hasta obtener una resolución definitiva. Mientras tanto, la disputa comercial permanece abierta y la CAN podría avanzar paralelamente con acciones relacionadas con el incumplimiento de las resoluciones vigentes.
Uno de los escenarios posibles es que la CAN impulse una acción formal de incumplimiento contra Ecuador si se mantiene la tasa. Pinto advierte que esto podría derivar en sanciones relacionadas con beneficios comunitarios dentro del sistema andino. Además, en caso de perder el proceso, podrían abrirse reclamos internos para exigir la devolución de los valores cobrados bajo esta tasa, amparados en la figura del "pago indebido" del sistema tributario ecuatoriano.
