El gobierno del presidente Daniel Noboa y la Asamblea Nacional se encuentran ante un desafío histórico: transformar el marco legal ecuatoriano para fortalecer efectivamente las instituciones democráticas, garantizar la participación ciudadana real y promover un entorno de seguridad jurídica que atraiga inversión. Esta visión estratégica busca pasar de un modelo de gobernanza basado en la excepción a uno centrado en el Estado de derecho efectivo, donde la confianza entre ciudadanos e instituciones sea el motor del desarrollo nacional.
Modernización de la Participación Ciudadana
Para lograr este objetivo, se propone una reforma integral que flexibilice los umbrales para las consultas populares. La reducción del número de firmas requeridas y la eliminación de calificaciones previas por parte de la Corte permitirían devolver el poder real al electorado. Asimismo, abrir la revocatoria del mandato a la iniciativa ciudadana desincentiva el populismo, ya que los gobernantes saben que pueden ser juzgados directamente por sus votantes. Este mecanismo no debilita al Estado; por el contrario, representa una madurez democrática donde el orden se construye con reglas claras y confianza mutua.
Protección del Disenso y Diálogo Social
Otro pilar fundamental es la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para descriminalizar las protestas sociales. Se establece que el derecho a la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, limitando las detenciones únicamente a casos de violencia comprobada. Las fuerzas de seguridad deben recibir protocolos claros que prioricen el diálogo sobre la represión, sancionando severamente cualquier exceso sin influencia política. Esta postura refuerza la idea de que la estabilidad no se impone con fuerza bruta, sino mediante el respeto a los derechos fundamentales.
Pacto Nacional por la República
El escenario político actual ofrece una ventaja estratégica: un Presidente que apoya a la Asamblea. Sin embargo, la estrategia republicana exige delegar la iniciativa legislativa para fomentar un diálogo genuino con otras bancadas y gremios sociales. La conformación de comisiones mixtas permite redactar proyectos conjuntamente, asegurando que las reformas no se desvirtúen mediante vetos o modificaciones arbitrarias. El costo político es alto, pero el beneficio en confianza interna y externa traducirá directamente en inversión privada nacional y extranjera.
Ecuador cuenta con la Constitución más garantista de su historia y un Congreso capaz de reformar leyes secundarias con agilidad. Lo que se requiere ahora es coraje político para utilizar estas herramientas a favor de la libertad económica y social, demostrando que el orden respetuoso nace de la defensa efectiva de las libertades individuales.
