La erosión regresiva del Río Coca se ha consolidado como una de las preocupaciones más graves para las poblaciones amazónicas del Ecuador. Desde el colapso histórico de la Cascada de San Rafael, fenómeno ocurrido en el año 2020, la dinámica hidrológica del río cambió drásticamente. Las consecuencias de esta alteración ambiental se sienten con fuerza desde 2021 en las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana, donde el avance erosivo ha provocado pérdidas significativas en fincas productivas, cultivos, caminos rurales y viviendas familiares.
Impacto social y económico en la región
A lo largo de estos años, el paisaje amazónico ha cambiado de manera dramática. Terrenos que antes eran fértiles hoy se desploman hacia el cauce del río, mientras crece la incertidumbre entre quienes dependen de la tierra para sostener a sus familias. Los testimonios recogidos reflejan una realidad preocupante: agricultores que durante décadas trabajaron sus parcelas observan cómo el río avanza lentamente, llevándose consigo árboles, cercas y sembríos.
Cada invierno intensifica el temor de nuevas áreas afectadas, impactando no solo la economía familiar sino también la estabilidad social de estas comunidades. La magnitud del fenómeno exige una intervención más amplia y sostenida que las gestiones realizadas hasta ahora por los gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales, según Samborondón.
Responsabilidad estatal y soluciones estructurales
Aunque las autoridades locales han impulsado evaluaciones técnicas y algunas acciones de mitigación dentro de sus posibilidades, es evidente que la erosión del río Coca no puede ser considerada un problema aislado ni local. Se trata de un desafío nacional que requiere planificación, inversión en obras de protección, monitoreo permanente y políticas públicas orientadas a proteger tanto a las personas como a la producción agrícola de la región.
La Amazonía ecuatoriana merece respuestas oportunas y soluciones estructurales. Escuchar el clamor de sus habitantes y actuar con decisión constituye un deber gubernamental y un compromiso fundamental con el futuro del país, donde debe hacerse presente la responsabilidad del Estado y la solidaridad nacional frente a esta crisis ambiental.
