El Ejército Ecuatoriano ejecutó este jueves una megaoperación militar en el sector Unión de Montenuevo, provincia de Santo Domingo, logrando la destrucción de 30 bocaminas y el decomiso de 2.000 sacos de material aurífero. La acción, realizada con el despliegue de vehículos blindados AMX-13, tiene como objetivo neutralizar las estructuras vinculadas a la minería ilegal que operan en la zona, cortando de raíz las fuentes de financiamiento de las mafias que controlan estas economías ilícitas.
Despliegue de fuerza y tecnología militar
Los blindados AMX-13 fueron posicionados estratégicamente en el territorio afectado para ejecutar acciones directas de neutralización. Esta maniobra permitió no solo la destrucción de la infraestructura criminal, sino también el decomiso de maquinaria pesada, incluyendo una retroexcavadora utilizada para las actividades ilícitas. El uso de este equipo pesado marca uno de los despliegues militares más contundentes registrados hasta la fecha contra la minería ilegal en la provincia de Santo Domingo.
La operación representa un golpe significativo a las capacidades operativas de los grupos criminales. Al eliminar las bocaminas y el material extraído, las Fuerzas Armadas debilitan la logística y la rentabilidad de estas redes. El Ministerio de Defensa Nacional confirmó a través de sus canales oficiales el éxito de la misión, destacando el fortalecimiento del control territorial en sectores estratégicos del país, así lo reportó Gobierno endurece leyes contra extorsión tras ola delictiva.
Recuperación del territorio y control militar
Las Fuerzas Armadas continúan desplegadas en la zona, actuando con firmeza para recuperar los territorios afectados por economías ilegales. Esta presencia militar sostenida busca garantizar que las estructuras criminales no puedan reactivar sus operaciones en el sector Unión de Montenuevo. La estrategia del gobierno se centra en la recuperación soberana del espacio público y la aplicación de la ley sin concesiones.
Este operativo se enmarca en la política de seguridad nacional del Ejecutivo, que prioriza la desarticulación de las economías ilegales que amenazan la estabilidad y el desarrollo del país. Al atacar directamente los activos físicos de la minería ilegal, el Estado demuestra su compromiso con la legalidad y la protección de los recursos naturales, asegurando que el territorio sea utilizado exclusivamente para fines lícitos y productivos.
