Las autoridades de seguridad nacional desarticularon una red de extorsión en la provincia de Tungurahamba, donde fueron detenidos dos futbolistas y un exdirector técnico por intentar extorsionar al presidente de un club de fútbol profesional de Ambato. El incidente, que involucró amenazas a la integridad física del dirigente y su familia, culminó con la intervención del ECU911 y la posterior captura de los presuntos autores en las provincias de Manabí y Tungurahamba.
Detalles de la extorsión y la intervención policial
Según informó la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestro y Extorsión, el presidente del club comenzó a recibir mensajes intimidatorios el 14 de mayo desde un número de celular ecuatoriano. Los delincuentes exigían el pago inmediato de 3.500 dólares bajo la amenaza de atentar contra su vida y la de sus allegados. Como mecanismo de presión, se enviaron videos de las exteriores de la vivienda de la víctima.
Ante el acoso, el dirigente realizó un primer pago parcial de 40 dólares y posteriormente solicitó auxilio al ECU911. El personal de la unidad especializada inició las indagaciones, desplegando un operativo conjunto que permitió la detención de Iban Alexis C. S. y Wilmer Joao S. C. en Portoviejo, Manabí, quienes se desempeñan como jugadores de segunda categoría. Paralelamente, en Ambato, fue aprehendido Jorge Iván V. M., exdirector técnico del club.
Resolución judicial y medidas cautelares
En la audiencia de formulación de cargos, un juez de garantías penales calificó la flagrancia de los detenidos, verificando que se cumplían los requisitos establecidos en los artículos 527 y 529 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Durante las diligencias, las fuerzas del orden retuvieron cuatro teléfonos celulares y un comprobante bancario como elementos de prueba.
El magistrado dictó resoluciones diferenciadas para los implicados. Se otorgaron medidas alternativas a Ibán Alexis C. S. y Jorge Iván V. M., quienes deberán presentarse periódicamente ante la Fiscalía. Por su parte, a Wilmer Joao S. C. se le impuso prisión preventiva, girándose la boleta de encarcelamiento correspondiente. La instrucción fiscal se extenderá por un plazo de 30 días para profundizar la investigación de los hechos.
