La República de Cuba registró este fin de semana una nueva desconexión total de su Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la sexta en apenas 18 meses, dejando a los más de 10 millones de habitantes de la isla sumidos en la oscuridad. El colapso evidencia la profunda crisis estructural que atraviesa el sector energético del país caribeño, incapaz de sostener una generación mínimamente estable pese a los reiterados intentos de las autoridades por normalizar el servicio.
El gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel responsabilizó una vez más al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, argumentando que las sanciones impiden el acceso a combustibles necesarios para operar las obsoletas termoeléctricas que sostienen la red nacional. Sin embargo, analistas y organizaciones independientes apuntan a décadas de desinversión, mala gestión y un modelo económico que ha demostrado su incapacidad para garantizar servicios básicos a la población.
Un sistema eléctrico al borde del colapso permanente
El apagón total —conocido técnicamente como "cero energético"— implica la desconexión simultánea de todas las centrales generadoras del país, lo que obliga a un proceso de reconexión gradual que puede tomar horas o incluso días. En esta ocasión, varias provincias permanecieron sin servicio eléctrico durante períodos prolongados, afectando hospitales, sistemas de agua potable, telecomunicaciones y la cadena de frío para alimentos.
Desde octubre de 2024, cuando Cuba experimentó un devastador apagón nacional que se extendió por varios días, los eventos de "cero energético" se han convertido en una constante. La infraestructura de generación del país depende mayoritariamente de termoeléctricas construidas en la era soviética, muchas de las cuales superan los 40 años de operación y funcionan muy por debajo de su capacidad instalada.
Según reportes de medios internacionales como CNN en Español, la capacidad de generación disponible en la isla ha caído a niveles críticos, cubriendo apenas una fracción de la demanda real. Los apagones programados, conocidos eufemísticamente como "afectaciones al servicio", se han normalizado en la vida cotidiana cubana, con cortes que en algunas localidades superan las 16 horas diarias.
El argumento del bloqueo frente a la crisis estructural
El régimen cubano ha insistido en que la principal causa de la crisis energética es el endurecimiento del embargo estadounidense, particularmente las sanciones que dificultan la compra de petróleo en el mercado internacional. Cuba depende históricamente de suministros petroleros subsidiados, primero de la Unión Soviética y luego de Venezuela, pero la propia crisis venezolana ha reducido drásticamente esos envíos en los últimos años.
Si bien el bloqueo económico estadounidense —vigente desde 1962— efectivamente impone restricciones comerciales significativas, expertos en política energética señalan que la crisis tiene raíces mucho más profundas. La ausencia de inversión en mantenimiento y modernización de la infraestructura, la falta de diversificación de la matriz energética y la incapacidad del modelo económico centralizado para generar los recursos necesarios son factores determinantes que anteceden a cualquier sanción externa.
Es importante señalar que otros países del Caribe, con recursos naturales similares o incluso menores que los de Cuba, han logrado avances significativos en la transición hacia energías renovables y la estabilización de sus redes eléctricas. La diferencia radica, en gran medida, en marcos regulatorios que permiten la inversión privada y extranjera en el sector energético, algo que el sistema político cubano ha rechazado sistemáticamente.
Impacto humanitario y malestar social creciente
Los apagones recurrentes agravan una crisis humanitaria que ya se manifiesta en escasez de alimentos, medicinas y productos básicos. La falta de electricidad interrumpe el bombeo de agua potable, paraliza la actividad económica y deteriora las condiciones en centros de salud que operan con equipamiento precario.
El malestar social ha ido en aumento. En julio de 2021, Cuba experimentó las mayores protestas populares en décadas, motivadas en buena parte por los cortes eléctricos y la precariedad general. Aunque el gobierno respondió con represión y detenciones masivas, las expresiones de descontento han continuado de forma intermitente, particularmente en las provincias más afectadas por los apagones.
La situación ha acelerado también el éxodo migratorio. Miles de cubanos han abandonado la isla en los últimos años buscando mejores condiciones de vida, muchos de ellos transitando por rutas peligrosas hacia Estados Unidos, con Ecuador como uno de los puntos de tránsito en la región.
Lecciones para la región: el valor de la inversión y la apertura económica
La crisis eléctrica cubana constituye un caso de estudio sobre las consecuencias de largo plazo que genera la ausencia de inversión privada, la falta de apertura económica y la dependencia de subsidios externos para sostener servicios esenciales. Mientras países de la región, incluido Ecuador, avanzan en reformas para atraer inversión en el sector energético y diversificar sus matrices de generación, Cuba permanece atrapada en un modelo que ha demostrado su agotamiento.
El gobierno ecuatoriano del presidente Daniel Noboa ha impulsado precisamente una agenda de apertura a la inversión extranjera y modernización de infraestructura crítica, consciente de que la seguridad energética es un pilar fundamental para el desarrollo económico y la estabilidad social. El contraste entre ambos enfoques resulta ilustrativo.
Por el momento, las autoridades cubanas informaron que trabajan en la reconexión progresiva del sistema, aunque sin ofrecer garantías de estabilidad. Con una infraestructura deteriorada y sin señales de reformas estructurales, la pregunta no es si habrá un séptimo apagón nacional, sino cuándo ocurrirá.
