Un Tribunal de Garantías Penales de Manta ha dictado una condena firme de 34 años y ocho meses de prisión a Edward Enrique Mero Parra, declarándolo culpable como autor mediato del asesinato del asambleísta e influencer Cristhian Nieto. La sentencia responde al crimen violento ocurrido la noche del 2 de junio de 2024 en el sector La Poza, centro de Manta (Manabí), donde se desarrollaba un espectáculo circense transmitido por redes sociales. Este fallo judicial representa una respuesta contundente ante los hechos que causaron la muerte de Nieto y su esposa Nicole Burgos, dejando a sus hijos menores en situación de orfandad.
Evidencia clave: Video de identificación
La Fiscalía General del Estado fundamentó la acusación demostrando la responsabilidad de Mero Parra en la planificación estratégica del ataque. El elemento probatorio central fue un video registrado por las cámaras de seguridad, donde se observa al procesado realizando indicaciones precisas para ubicar a las víctimas antes de que los sujetos armados ingresaran al recinto y dispararan con fusiles. Esta evidencia permitió al tribunal establecer el nexo causal entre la planificación del crimen y la ejecución material de los hechos.
Detalles del atentado y balance de víctimas
El ataque se produjo en un circo instalado durante una función llena de asistentes, lo que agravó las consecuencias humanas. Además de Cristhian Nieto y Nicole Burgos, quienes fallecieron en el lugar, un comunicador digital resultó herido en el brazo y un asistente perdió la vida debido a balas perdidas. La gravedad del hecho, ocurrido en plena vía pública durante una actividad lúdica, generó gran impacto social y exigió las medidas judiciales que culminaron con esta sentencia.
Captura e identificación posterior
La captura de Edward Enrique Mero Parra se ejecutó nueve meses después del crimen. El implicado había sobrevivido a una balacera en el sector El Murciélago, donde falleció un ciudadano colombiano; al ingresar a un hospital para atender sus heridas, la Policía Nacional verificó su identidad y procedió a ejecutar la orden de detención vigente. La eficacia policial en este operativo permitió que los responsables fueran puestos a disposición de la justicia.
Esta resolución judicial reafirma el compromiso del sistema de justicia ecuatoriano con la persecución penal de los crímenes violentos, garantizando que las víctimas y sus familias reciban una respuesta legal conforme al marco normativo vigente. El caso sigue su curso dentro del ordenamiento jurídico para asegurar la ejecución efectiva de la pena impuesta.
