Caso Aquiles Álvarez: seis meses después

El caso que en marzo parecía el más pequeño terminó siendo el primero en resolverse. El 3 de agosto de 2026 un tribunal declaró a Álvarez culpable de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente: quedó "plenamente probado" que no portaba el grillete durante el operativo del 10 de febrero en su domicilio de Samborondón.

Antes de la sentencia, el 16 de julio, la Corte Nacional de Justicia ya había ratificado el rechazo del hábeas corpus, citando las 33 alertas de retiro del dispositivo como indicio de riesgo de fuga.

La defensa, a cargo de Julio César Cueva, alegó fallas de cobertura en el domicilio y ausencia de alertas de "pulsera quitada". Presentó recursos de aclaración y ampliación —en los que preguntó al tribunal si utilizó inteligencia artificial para redactar la sentencia— y anunció apelación. El fallo no está ejecutoriado.

El juicio por comercialización ilegal de combustible subsidiado, iniciado el 21 de enero, se extendió más de siete meses con unos 200 testigos anunciados. La prisión preventiva de este caso vencía el 8 de septiembre; el 21 de agosto la fiscal Ruth Amoroso pidió fecha de sentencia "a la brevedad". El tribunal la leyó el 29 de agosto, diez días antes del límite.

El Tribunal de Garantías Penales especializado en Corrupción y Crimen Organizado —Jorge Sánchez Pico, ponente; Clara Soria y Víctor Barahona— concluyó que el alcalde controlaba las empresas, conocía las operaciones de "cambiazo" de combustible y recibía recursos en cuentas personales. Otros cuatro procesados recibieron la misma pena como autores directos, cuatro fueron declarados cómplices y seis absueltos. Seis compañías —Copedesa, Corpalubri, Ternape, Fuelcorp, Indudiesel y Harsajudi— serán clausuradas y disueltas.

La defensa anunció aclaración, apelación e impugnación de la ejecutoria. Su argumento central ataca el cálculo: dividir USD 61,5 millones para 22,7 millones de galones da USD 2,70 por galón, "el precio del combustible, no la utilidad". Niega, además, que se haya presentado prueba bancaria de transferencias al alcalde.

El caso de presunto lavado de activos, el que alcanza al núcleo familiar del alcalde, fue el más accidentado del semestre.

El 2 de abril un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha revocó la prisión preventiva de sus hermanos Antonio y Xavier (Aquiles siguió detenido por las otras causas). En mayo la Fiscalía reformuló la acusación: de delincuencia organizada a lavado de activos, después de que una sala de apelación hallara insuficiente la tesis original. El 1 de junio se ordenó la captura de dos primos del alcalde.

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se instaló el 3 de agosto bajo el juez Jairo García y acumulaba seis sesiones cuando el Consejo de la Judicatura lo suspendió 30 días por negligencia en otra causa. El juez encargado, José Sebastián Cornejo, declaró el 23 de agosto la nulidad de todo lo actuado por violación del principio de inmediación: un juez no puede continuar una audiencia que otro empezó. La UAFE apeló y luego desistió.

Según la Fiscalía, la estructura compraba diésel subsidiado, lo revendía a embarcaciones nacionales, desviaba parte a buques internacionales y lavaba el dinero mediante empresas panameñas. La defensa sostiene que era un negocio legítimo. La nulidad no toca la prisión preventiva: solo obliga a repetir la etapa. El caso lleva más de 190 días en esta fase.

El punto que el especial no alcanzó a cubrir es el político. El 26 de junio el Concejo Cantonal de Guayaquil archivó el trámite de remoción del alcalde. Un informe que calificó su ausencia como "completamente justificada" fue aprobado por mayoría.

El COOTAD (art. 333) exige sentencia condenatoria ejecutoriada para la remoción, y el trámite no es automático: debe pasar por el Concejo con derecho a defensa. Juristas advierten un vacío legal: la norma prevé ausencias temporales de hasta 60 días, pero no una prisión preventiva de meses. Guayaquil celebró sus fiestas julianas con el alcalde preso y su imagen todavía presente en la comunicación institucional.

La vicealcaldesa Tatiana Coronel ejerce como subrogante desde febrero. Tras la primera condena escribió en X: "Guayaquil es mucho más grande que cualquier circunstancia". Tras la segunda, al cierre de este alcance, no se había reportado un nuevo trámite de remoción.

El semestre dejó una señal poco habitual en la justicia ecuatoriana: el propio sistema sancionó a quienes juzgaban al alcalde.

A la vez, la Fiscalía trabajó con el calendario en contra: la caducidad de la prisión preventiva del caso Triple A obligó a cerrar un juicio de siete meses en la última semana de agosto. Y la defensa introdujo una pregunta inédita en el caso Grillete: si la sentencia fue redactada con inteligencia artificial. El tribunal no había respondido públicamente al cierre.

Las dos denuncias documentales que el especial describió —la modificación del año de nacimiento de 1985 a 1984 y el título del Colegio Julio Allón inactivado por el Ministerio de Educación— no registraron avances judiciales públicos entre marzo y septiembre. Siguen en investigación previa. Ninguna pesa hoy sobre la situación carcelaria del alcalde, que se sostiene en los tres casos penales.

Las dos sentencias son de primera instancia. Para cada una, la defensa tiene tres días desde la notificación escrita para apelar ante la Corte Provincial (art. 654 del COIP) y, después, cinco días hábiles para casación ante la Corte Nacional. Mientras esos recursos corran, ninguna condena se ejecutoria y el alcalde conserva sus derechos políticos.

En paralelo, del 8 al 13 de septiembre se decidirá si Álvarez y su familia van a juicio por lavado de activos. Es la tercera vez que el caso Goleada intenta cerrar esta etapa.

La pregunta con la que cerró el especial sigue abierta, pero los actores subieron el tono. El 27 de julio el presidente Daniel Noboa dijo que el caso no es persecución sino "manotazo de abogado" y que Álvarez "nunca pensó que le iba a caer la ley". Cueva respondió que "los procesos penales se sostienen con prueba, no con micrófonos".

En marzo, Álvarez era un alcalde preso con procesos abiertos. En septiembre es un alcalde preso con dos condenas, un tercer caso que arranca de nuevo y una Alcaldía que la ley todavía no le permite perder. El desenlace sigue en manos de los tribunales: la Corte Provincial, que revisará las dos sentencias, y la jueza que decidirá, desde el 8 de septiembre, si el caso Goleada llega por fin a juicio.

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