Caso Aquiles Álvarez

Incluso si los grandes casos en su contra terminaran cayéndose en tribunales, Aquiles Álvarez aún enfrenta posibles penas de cárcel por algo mucho más directo: haber incumplido la orden judicial de portar un grillete electrónico.

Su defensa argumentó que el dispositivo se lo retiraba por las noches para cargarlo, "como si fuera un celular", y que las alertas de desconexión se debían a problemas técnicos o de señal.

Sin embargo, los informes del Sistema Nacional de Monitoreo mostraron otra realidad:

• Más de 2.700 alertas de desconexión
• 33 retiros reportados del dispositivo
• El grillete no estaba puesto el día de su detención

Además, durante la revisión técnica se detectó falta de un tornillo y cinta aislante negra colocada en el equipo — indicios de intento deliberado de alterar el dispositivo.

Por ello, el 8 de marzo de 2026, un tribunal revocó las medidas alternativas y dictó prisión preventiva.

Uno de los procesos más graves es el denominado Caso Triple A. La Fiscalía investiga un esquema de comercialización ilegal de combustibles subsidiados.

Según la acusación, empresas vinculadas a Álvarez habrían almacenado, transportado y vendido combustible subsidiado a clientes no autorizados.

Auditorías detectaron un crecimiento inusual: de 1,7 millones a 17 millones de galones en un solo año.

El Caso Goleada investiga una presunta estructura de lavado de activos mediante empresas de papel, facturación falsa y simulación de deudas.

El caso también examina préstamos millonarios al Barcelona Sporting Club, donde Álvarez fue vicepresidente y sus hermanos ocuparon cargos directivos.

La Fiscalía busca determinar si el fútbol fue utilizado para mover o justificar dinero de origen irregular.

Durante los allanamientos del 10 de febrero de 2026, las autoridades incautaron aproximadamente 160.000 dólares en efectivo.

La legislación ecuatoriana prohíbe transacciones iguales o superiores a $10.000 en efectivo. Para el juez, este hallazgo aumentó el riesgo de fuga y reforzó la decisión de prisión preventiva.

Para ser vicepresidente del Barcelona SC en 2019 se requería tener al menos 35 años. Según la denuncia del Registro Civil, Álvarez habría modificado su acta de nacimiento:

La supuesta sentencia judicial de 2016 no aparece en los registros judiciales, y el juez que la habría firmado ya no ejercía el cargo.

Tras una auditoría al Colegio Julio Allón, donde Álvarez habría obtenido su título en 2005:

Dentro del caso Goleada, la Fiscalía documenta el uso de familiares como representantes o accionistas de empresas, incluyendo personas con discapacidad.

Este tipo de estructuras se utiliza para ocultar quién controla realmente los negocios y dificultar el rastreo del dinero.

Actualmente Aquiles Álvarez enfrenta al menos cuatro frentes legales:

Tras violar las medidas judiciales, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Santa Elena.

Álvarez y su defensa sostienen que todo se trata de persecución política. La Fiscalía afirma que existen elementos probatorios suficientes.

Será la justicia ecuatoriana la que determine el desenlace final. Pero lo que ya es un hecho es que el ascenso de un empresario al poder municipal terminó envuelto en una serie de investigaciones que hoy lo mantienen en prisión preventiva.

Y en este momento, el caso ya no se juega en discursos políticos, sino en los tribunales.