El segundo proceso penal contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, llega a su etapa final con la apertura del juicio oral en el denominado "Caso Grillete". La audiencia está programada para iniciarse este 29 de julio y continuar los días 30 de julio, así como los 3 y 4 de agosto, ante el Tribunal de Garantías Penales con sede en Durán. En esta instancia, la Fiscalía General del Estado sostiene que Álvarez incumplió una medida cautelar al retirarse sin autorización judicial un dispositivo de vigilancia electrónica (grillete), delito por el cual enfrenta acusaciones formales.
Evidencia técnica y alertas del SNAI
La acusación se sustenta en elementos probatorios detallados presentados durante la audiencia preparatoria. La Fiscalía, liderada por la fiscal Lisset Barragán, ha incorporado un informe técnico que revela 2.769 alertas generadas por el dispositivo desde su colocación en julio de 2025. De este total, se destacan 33 avisos por "pulsera quitada", cinco por "salida ilegal" y más de mil eventos clasificados como offline u online.
Un elemento central del caso es un reporte técnico fechado el 11 de febrero de 2026, momento en que se ordenó la prisión preventiva contra Álvarez dentro del Caso Goleada. En dicha diligencia, funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) constataron la ausencia de un tornillo de seguridad en el mecanismo metálico de cierre del dispositivo, lo que sugiere una manipulación previa al retiro oficial.
Defensa y contexto procesal
A diferencia del Caso Triple A, donde se investiga presuntos delitos contra la economía popular y solidaria relacionados con combustibles, el origen del Grillete radica en un allanamiento realizado el 10 de febrero de 2026. Durante esa diligencia policial, se registró que Álvarez no portaba el dispositivo cuando fue encontrado sobre el piso junto a su cama.
La defensa del burgomaestre ha rechazado la acusación de incumplimiento. El abogado Ramiro García argumenta que el retiro fue momentáneo para cargar la batería y señala fallas técnicas del equipo, atribuyendo las alertas a problemas de conectividad en la residencia del acusado. Además, cuestionó los tiempos de revisión del expediente y la actuación judicial.
El Tribunal de Garantías Penales, integrado por Smirnova Lariza Calderón Uria, Nebel Fabricio Viera Encalada y Carlos Walberto Churta Rodríguez, ha dispuesto que Álvarez comparezca mediante videoconferencia desde el Centro de Privación de Libertad La Encuentro en Santa Elena. Las audiencias permitirán la declaración de testigos del SNAI y la Fiscalía antes de emitir una decisión sobre la responsabilidad penal del alcalde.
