La Sala de Garantías Penales de la provincia del Azuay ha rechazado formalmente la solicitud de suspensión condicional de la pena presentada por el exjuez de Cuenca, Bolívar Fabián R. Esta decisión judicial confirma que el magistrado no podrá acceder a beneficios penitenciarios anticipados, manteniendo su condena de cinco años de privación de libertad impuesta por el delito de prevaricato. La resolución fue adoptada tras analizar la fundamentación expuesta por las partes procesales y verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Aplicación estricta del marco legal
Según lo detallado en la sentencia escrita, la solicitud presentada por la defensa no cumplió con las condiciones establecidas en el numeral 3 del artículo 630 del COIP. Este precepto regula específicamente la modalidad y gravedad de la conducta que motivó la condena original. Al denegar este recurso, los jueces azuayos reafirman la rigurosidad del sistema judicial ecuatoriano frente a intentos de eludir sanciones por delitos graves contra la administración pública.
Contexto del caso: Prevaricato y violación
Bolívar Fabián R. fue condenado en junio de 2026 tras ser declarado responsable penalmente por dictar resoluciones contrarias a norma expresa. Durante el juicio, la Fiscalía demostró que, al ejercer como juez de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de Cuenca, otorgó beneficios ilegales a un recluso identificado como Fausto S., quien poseía dos sentencias ejecutoriadas por violación: una de 25 años (impuesta en 2016) y otra de 16 años (dictada en 2018). Entre las víctimas se encontraba una menor de edad, cuya familia presentó testimonios cruciales que sustentaron la acusación, como contamos en Exjueza de Montecristi recibe condena judicial por liberación ilegal de reos en .
Compromiso contra la impunidad judicial
La decisión de la Sala de Garantías Penales representa un paso firme en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción institucional. Al mantener la condena, se envía un mensaje claro sobre la responsabilidad penal que asumen los funcionarios públicos cuando abusan de su autoridad para favorecer a delincuentes condenados por crímenes violentos. Este fallo refuerza la credibilidad de las instituciones judiciales ecuatorianas y asegura que la justicia actúe con imparcialidad, protegiendo a las víctimas y garantizando el cumplimiento estricto de las leyes vigentes.
