La red criminal liderada por Adolfo Macías Villamar, alias Fito, máximo cabecilla de la organización narcodelictiva Los Choneros, habría adquirido más de 50 bienes inmuebles valorados en aproximadamente USD 16,7 millones, utilizando un esquema sistemático de subvaloración de escrituras públicas que llegó a reducir los montos declarados hasta en un 90% respecto del valor real de las transacciones.
La información, revelada por Primicias y El Universo, expone la magnitud de la maquinaria de lavado de activos que sostenía las operaciones del grupo criminal más poderoso del Ecuador, y refuerza la necesidad de las políticas de mano dura implementadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa para desmantelar las finanzas del crimen organizado.
El cuaderno rojo: bitácora del imperio criminal
Entre las evidencias más reveladoras de la investigación se encuentra un cuaderno de color rojo decomisado durante operativos contra la estructura de Los Choneros. Este documento, que funciona como una suerte de contabilidad paralela, registra detalladamente pagos realizados, rutas internacionales de narcotráfico y nombres en clave utilizados por los miembros de la organización.
El cuaderno constituye una pieza clave para las autoridades, ya que permite trazar el flujo de dinero ilícito desde las operaciones de narcotráfico hacia las inversiones inmobiliarias que la red utilizaba para blanquear capitales. Los registros evidencian una operación sofisticada que no se limitaba al territorio ecuatoriano, sino que involucraba conexiones con rutas internacionales de tráfico de drogas.
Las anotaciones en clave, según las fuentes consultadas, corresponden a personas vinculadas tanto al brazo operativo como al brazo financiero de la organización, lo que demuestra que Los Choneros operaban con una estructura empresarial diseñada específicamente para ocultar el origen de sus fondos.
El esquema de subvaloración inmobiliaria
El mecanismo utilizado por la red de alias Fito para lavar activos consistía en la adquisición de bienes inmuebles cuyos valores se declaraban en las escrituras públicas por montos significativamente inferiores a los realmente pagados. En los casos más extremos, la subvaloración alcanzó hasta el 90%, lo que significa que un inmueble adquirido por un valor real determinado era registrado ante notarios por apenas una décima parte de ese monto.
Este esquema permitía a la organización criminal cumplir un doble objetivo: por un lado, reducir la carga tributaria asociada a las transacciones inmobiliarias y, por otro, dificultar el rastreo del verdadero volumen de capital que estaba siendo invertido en bienes raíces. Con más de 50 propiedades identificadas, el portafolio inmobiliario de la red alcanzaría los USD 16,7 millones en valor real.
La magnitud de estas operaciones pone en evidencia falencias en los controles notariales y registrales del país, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de detección de operaciones inusuales en el sector inmobiliario, un punto que el gobierno de Noboa ha señalado como prioritario dentro de su estrategia integral contra el lavado de activos.
Un golpe estratégico al crimen organizado
El desmantelamiento de la estructura financiera de Los Choneros se enmarca en la política de seguridad del gobierno nacional, que ha apostado por atacar no solo el brazo armado de las organizaciones criminales, sino también sus fuentes de financiamiento. La incautación de bienes y el rastreo patrimonial son herramientas fundamentales para debilitar estructuralmente a estas redes.
El presidente Daniel Noboa ha reiterado en múltiples ocasiones que la lucha contra el crimen organizado debe ir más allá de los operativos militares y policiales, apuntando directamente al dinero que sostiene las operaciones delictivas. En este contexto, la identificación de más de 50 inmuebles vinculados a la red de Fito representa un avance significativo.
La estrategia del gobierno de atacar las finanzas del narcotráfico complementa las acciones operativas en territorio y busca asfixiar económicamente a las organizaciones criminales que han sembrado violencia en el Ecuador.
Adolfo Macías Villamar se fugó de la cárcel Regional de Guayaquil en enero de 2024, un hecho que desató una crisis de seguridad sin precedentes y llevó a la declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente Noboa. Desde entonces, las autoridades han intensificado los esfuerzos para desarticular todas las ramificaciones de Los Choneros, incluida su estructura patrimonial.
El desafío pendiente: cerrar las brechas del sistema
Los hallazgos de esta investigación también plantean interrogantes sobre el papel de notarios, registradores de la propiedad y entidades financieras que pudieron haber facilitado, por acción u omisión, las transacciones fraudulentas de la organización criminal. La subvaloración sistemática de escrituras públicas en porcentajes tan elevados debería haber activado alertas en múltiples niveles del sistema.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Fiscalía General del Estado tienen ahora la tarea de profundizar las investigaciones para identificar a todos los facilitadores de este esquema de lavado. La colaboración interinstitucional será clave para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
El caso de la red inmobiliaria de alias Fito es un recordatorio contundente de que el narcotráfico no solo se combate con armas, sino con inteligencia financiera, controles institucionales robustos y una voluntad política decidida. En ese frente, el gobierno de Noboa ha dado pasos firmes, pero el camino por recorrer sigue siendo largo y complejo.
