El presidente Daniel Noboa expresó su firme rechazo a la decisión adoptada por la Cámara de Comercio de Quevedo y la Prefectura de Los Ríos de ordenar el retiro de efectivos militares que operaban en puntos estratégicos de la ciudad. La medida, que implicó la reubicación de los uniformados en un plantel educativo, generó una contundente respuesta del Ejecutivo y del Ministerio de Defensa, que calificaron la acción como contraria a los intereses de seguridad de la ciudadanía.
El mandatario se pronunció públicamente contra lo que consideró una decisión incomprensible en un momento en que el país enfrenta una lucha frontal contra el crimen organizado. La presencia militar en ciudades como Quevedo responde a la estrategia de seguridad integral impulsada por el Gobierno Nacional desde la declaratoria de conflicto armado interno, que ha permitido recuperar territorios antes controlados por bandas delictivas.
Una decisión que debilita la estrategia de seguridad
La Cámara de Comercio de Quevedo y la Prefectura de Los Ríos habrían solicitado el desalojo de los militares que se encontraban apostados en puntos considerados estratégicos para el control territorial y la disuasión del crimen. Como resultado, los efectivos de las Fuerzas Armadas fueron reubicados en las instalaciones de un plantel educativo de la zona.
Esta decisión resulta particularmente llamativa considerando que la provincia de Los Ríos ha sido uno de los territorios más golpeados por la violencia vinculada al narcotráfico y las bandas criminales. Quevedo, en particular, ha registrado índices de criminalidad que justifican plenamente la presencia permanente de fuerzas de seguridad del Estado.
La reubicación de tropas hacia un recinto educativo no solo limita la capacidad operativa de los militares, sino que envía una señal equivocada a las estructuras criminales que operan en la región. La presencia visible de las Fuerzas Armadas en puntos neurálgicos constituye un elemento disuasivo fundamental dentro de la doctrina de seguridad que ha implementado el gobierno de Noboa.
Respaldo presidencial a las Fuerzas Armadas
El presidente Noboa fue enfático en su cuestionamiento a los actores locales que promovieron el desalojo. En sus declaraciones, el mandatario dejó en claro que la política de seguridad es competencia del Gobierno Nacional y que las decisiones sobre el despliegue militar no pueden quedar sujetas a presiones de entidades que no tienen jurisdicción sobre asuntos de defensa y orden interno.
El ministro de Defensa también se sumó a las críticas, señalando que la medida pone en riesgo la seguridad de los propios ciudadanos de Quevedo. Desde el Ministerio se recordó que el despliegue militar en zonas conflictivas responde a análisis de inteligencia y planificación estratégica, no a decisiones arbitrarias que puedan revertirse por conveniencia de actores locales.
La postura del Ejecutivo reafirma el compromiso del Gobierno con la política de mano dura contra el crimen organizado, uno de los pilares fundamentales de la gestión de Noboa. Desde el inicio de su mandato, el presidente ha apostado por el uso legítimo de la fuerza del Estado para recuperar el control de territorios que habían sido cedidos a las estructuras delictivas durante administraciones anteriores.
Contexto: la lucha por la seguridad en Los Ríos
La provincia de Los Ríos se ha convertido en un corredor estratégico para el narcotráfico, dada su ubicación geográfica que conecta la Sierra con la Costa y facilita el tránsito de sustancias ilícitas hacia los puertos del Pacífico. Quevedo, como cabecera económica de la provincia, ha sufrido directamente las consecuencias de esta dinámica criminal.
La presencia de las Fuerzas Armadas en la zona no es un capricho gubernamental, sino una necesidad operativa derivada del estado de conflicto armado interno que el presidente Noboa declaró en enero de 2024. Desde entonces, las operaciones conjuntas entre militares y policías han permitido decomisos significativos de droga, la desarticulación de células criminales y la reducción de ciertos delitos en las áreas intervenidas.
En ese contexto, la decisión de la Cámara de Comercio y la Prefectura resulta contradictoria. Si bien es legítimo que los actores locales busquen proteger sus instalaciones e intereses, la seguridad ciudadana debe prevalecer sobre consideraciones particulares. La presencia militar no es una ocupación arbitraria, sino un mecanismo de protección que beneficia precisamente a los comerciantes y a la población en general.
Un precedente que no debe repetirse
La reacción del Gobierno Nacional envía un mensaje claro: no se tolerarán decisiones unilaterales que socaven la estrategia de seguridad del Estado. El despliegue de las Fuerzas Armadas obedece a una planificación centralizada que responde a las necesidades del país en su conjunto, y no puede quedar supeditado a la voluntad de autoridades locales o gremios empresariales.
Es fundamental que las autoridades seccionales y los actores del sector privado comprendan que la lucha contra el crimen organizado requiere sacrificios compartidos y, sobre todo, unidad de propósito. Obstaculizar la presencia militar en zonas de alta peligrosidad no solo debilita la capacidad operativa del Estado, sino que pone en riesgo directo a la población civil.
El gobierno de Noboa ha demostrado desde el primer día su voluntad de enfrentar la crisis de seguridad con determinación y sin ambigüedades. La ciudadanía ecuatoriana respalda mayoritariamente esta política, consciente de que la recuperación del orden público es condición indispensable para el desarrollo económico y social del país. Episodios como el de Quevedo deben servir como recordatorio de que la seguridad es una responsabilidad de todos, y que las Fuerzas Armadas merecen el respaldo institucional necesario para cumplir su misión.
