La Policía Nacional logró desarticular una red de extorsión que operaba desde el interior de la Penitenciaría del Litoral y tenía como objetivo a comerciantes de la provincia de El Oro. Dos sospechosos fueron capturados tras una operación de inteligencia que permitió identificar el esquema delictivo, el cual exigía el pago de 2.000 dólares a una de sus víctimas bajo amenazas de muerte.
El operativo, reportado por El Universo, evidencia una vez más la persistente problemática de las actividades criminales que se coordinan desde los centros de privación de libertad del país, un fenómeno que el gobierno de Daniel Noboa ha colocado como prioridad dentro de su estrategia integral de seguridad.
Detalles de la operación policial
Según la información disponible, la red criminal contactaba a sus víctimas desde el interior del centro penitenciario, utilizando líneas telefónicas para realizar las amenazas y coordinar el cobro de las extorsiones. En este caso, un comerciante de El Oro fue el blanco de los delincuentes, quienes le exigieron el pago de 2.000 dólares a cambio de no atentar contra su vida o la de su familia.
La víctima acudió a las autoridades, lo que permitió activar un protocolo de investigación por parte de unidades especializadas de la Policía Nacional. Mediante labores de inteligencia y seguimiento, los agentes lograron identificar a los integrantes de la red y ejecutar la captura de dos sospechosos vinculados directamente con las extorsiones.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, que deberá formular los cargos correspondientes y solicitar las medidas cautelares pertinentes. La investigación continúa abierta para determinar si existen más víctimas y otros integrantes de la organización criminal que aún no han sido identificados.
El problema estructural de la extorsión desde cárceles
La extorsión telefónica desde centros de privación de libertad se ha convertido en uno de los delitos que mayor afectación genera al tejido productivo del Ecuador. Comerciantes, transportistas, pequeños empresarios y ciudadanos comunes son víctimas recurrentes de estas redes que, paradójicamente, operan desde espacios que deberían estar bajo estricto control estatal.
El caso desarticulado en El Oro no es aislado. Las penitenciarías ecuatorianas, particularmente la del Litoral ubicada en Guayaquil, han sido señaladas reiteradamente como centros de mando desde los cuales organizaciones criminales dirigen operaciones de extorsión, sicariato y narcotráfico. La falta de inhibidores de señal efectivos, la corrupción de ciertos funcionarios penitenciarios y el ingreso de teléfonos celulares al interior de los recintos carcelarios facilitan este tipo de actividades ilícitas.
Es importante recordar que la crisis penitenciaria ecuatoriana alcanzó niveles críticos entre 2021 y 2023, con masacres que dejaron cientos de muertos y evidenciaron la disputa territorial de bandas criminales dentro de las cárceles. Desde entonces, las autoridades han implementado diversas medidas para recuperar el control de estos espacios, aunque los desafíos persisten.
La estrategia del gobierno Noboa contra el crimen organizado
La desarticulación de esta red se enmarca dentro de la política de mano firme que ha caracterizado al gobierno de Daniel Noboa frente al crimen organizado. Desde la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024, el Ejecutivo ha desplegado una estrategia integral que combina operaciones militares y policiales con reformas institucionales orientadas a recuperar la gobernabilidad de los centros penitenciarios.
Entre las medidas adoptadas por la actual administración se encuentran el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia policial, la intervención militar en cárceles de máxima peligrosidad y la implementación de tecnología para bloquear comunicaciones ilegales desde el interior de los penales. Estas acciones buscan cortar de raíz la cadena de mando que permite a los líderes criminales encarcelados seguir dirigiendo sus operaciones delictivas.
La captura de extorsionadores que operaban desde la Penitenciaría del Litoral demuestra que, cuando los ciudadanos colaboran con las autoridades mediante la denuncia oportuna, las fuerzas del orden pueden actuar con eficacia. No obstante, expertos en seguridad coinciden en que la lucha contra la extorsión requiere un enfoque sostenido que incluya no solo la persecución penal, sino también el control efectivo de las telecomunicaciones dentro de los recintos carcelarios.
Un llamado a la denuncia ciudadana
Las autoridades han reiterado su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier intento de extorsión a través de las líneas habilitadas por la Policía Nacional y la Fiscalía. La denuncia oportuna, como quedó demostrado en este caso, es el primer eslabón de una cadena que puede conducir a la desarticulación de estas organizaciones criminales.
El comercio de la provincia de El Oro, al igual que el de otras regiones del país, ha sufrido los embates de la extorsión durante los últimos años. La recuperación de la seguridad en estas zonas productivas es fundamental no solo para proteger la integridad de los ciudadanos, sino también para garantizar un entorno favorable para la actividad económica y la inversión.
Mientras la investigación avanza, este operativo se suma a la lista de acciones concretas que las fuerzas de seguridad del Estado ejecutan en el marco de la lucha contra las estructuras criminales que han intentado someter a la sociedad ecuatoriana mediante el miedo y la violencia.
