El Gobierno de Perú ha declarado oficialmente en estado de emergencia cinco penales que concentran al 50 % de los miembros y cabecillas de bandas criminales acusadas por organización criminal. Esta medida, publicada este sábado mediante un decreto supremo, busca combatir a las organizaciones delictivas que dirigen sus actividades ilegales desde el interior de las prisiones hacia el exterior. La norma fue aprobada por la presidenta Keiko Fujimori y establece una intervención temporal para garantizar la seguridad nacional frente al aumento de la inseguridad.
Medidas estrictas en los penales
La declaración de emergencia se aplica durante 60 días a los siguientes recintos: Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima), así como Trujillo Varones (La Libertad). La medida comprende el perímetro exterior de las cárceles hasta un radio de 200 metros, zona en la que se suspenden constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. El objetivo es permitir que la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ejecute acciones para garantizar la seguridad del perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato.
Operativos contra el control criminal
Dentro de estas operaciones se contempla un control estricto de accesos y labores de inteligencia destinadas a prevenir fugas. Asimismo, se realizarán operativos permanentes para decomisar teléfonos celulares, tarjetas SIM y armas en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La entidad oficial mantendrá la administración y la custodia interna de las prisiones durante todo este periodo. El Ejecutivo subrayó que se garantiza el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como contamos en Perú declara emergencia en cinco distritos tras sismo de magnitud 7,2 que deja s.
Contexto de seguridad ciudadana
La aprobación de esta medida responde al contexto reciente de ataques vinculados a bandas criminales. Un caso sonado fue el secuestro en Trujillo de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes, atribuido a la banda Los Pulpos. El cabecilla Jhonsson Cruz fue detenido recientemente en Bolivia y expulsado para responder por cargos previos. Ante esta situación, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, declaró que el Gobierno impulsa medidas contra la inseguridad mientras se espera la aprobación de una solicitud de delegación de facultades para legislar sobre seguridad ciudadana.
