En uno de los golpes más contundentes contra las finanzas del crimen organizado en la historia reciente del Ecuador, el Operativo Emporio Presidiario logró desarticular una sofisticada red de lavado de activos vinculada a la banda narcodelictiva Los Choneros, cuyo volumen de transacciones ilícitas habría alcanzado la impactante cifra de USD 1.700 millones dentro del sistema financiero nacional.
La operación, reportada por Primicias, representa un avance significativo en la estrategia del gobierno de Daniel Noboa de combatir no solo la violencia visible del crimen organizado, sino también las estructuras económicas que lo sostienen y le permiten operar con alcance transnacional.
Una red criminal con dimensiones sin precedentes
La magnitud de los recursos movilizados —USD 1.700 millones— revela la profundidad con la que el narcotráfico ha logrado infiltrar la economía formal ecuatoriana. Para dimensionar la cifra, esta equivale a aproximadamente el 1,4% del Producto Interno Bruto del Ecuador, lo que evidencia que la amenaza del crimen organizado trasciende con creces el ámbito de la seguridad pública y se convierte en un problema estructural para la economía del país.
La estructura desmantelada operaba como el brazo financiero de Los Choneros, una de las organizaciones criminales más peligrosas del Ecuador, históricamente vinculada al tráfico de cocaína hacia mercados internacionales. El operativo permitió identificar los mecanismos mediante los cuales los recursos de origen ilícito eran introducidos, estratificados e integrados en el sistema financiero formal.
Este tipo de redes de lavado de activos suelen utilizar empresas de fachada, transacciones inmobiliarias, movimientos bancarios fraccionados y otros esquemas diseñados para dificultar el rastreo del origen criminal de los fondos. La complejidad de la operación da cuenta de que no se trataba de una estructura improvisada, sino de un aparato financiero profesionalizado al servicio del narcotráfico.
El enfoque integral contra el crimen organizado
El Operativo Emporio Presidiario se inscribe en la doctrina de seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa, que ha insistido en que la lucha contra las bandas narcodelictivas no puede limitarse a enfrentamientos armados o capturas de cabecillas. Atacar las finanzas del crimen organizado es, en muchos sentidos, más efectivo que cualquier operación de fuerza, pues desestabiliza la capacidad logística, de reclutamiento y de corrupción de estas organizaciones.
Desde la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024, el gobierno ha intensificado las operaciones coordinadas entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Esta articulación interinstitucional ha sido clave para lograr resultados como el de Emporio Presidiario, que requiere no solo capacidad operativa, sino también sofisticación en inteligencia financiera.
La desarticulación de la red financiera de Los Choneros envía un mensaje contundente: el Estado ecuatoriano tiene la capacidad y la voluntad de perseguir el dinero sucio del narcotráfico, no solo a los sicarios que ejecutan la violencia en las calles.
Los Choneros: una amenaza persistente
Los Choneros constituyen una de las organizaciones criminales de mayor alcance en el Ecuador. Su origen se remonta a la provincia de Manabí, pero su influencia se ha expandido a lo largo del territorio nacional y ha establecido conexiones con carteles internacionales, particularmente de México y Colombia.
La banda ha sido señalada como responsable de numerosos episodios de violencia, incluyendo masacres carcelarias, asesinatos selectivos y atentados con explosivos. Sin embargo, su verdadero poder reside en su capacidad económica, que le permite corromper funcionarios, financiar operaciones logísticas de gran escala y mantener redes de protección que dificultan la acción de la justicia.
Con el Operativo Emporio Presidiario, las autoridades apuntan directamente a ese músculo financiero. La pérdida de una estructura capaz de mover USD 1.700 millones representa un daño estratégico difícil de reemplazar para la organización criminal, incluso si sus líderes intentan reconstruir canales alternativos de lavado.
Un precedente para la política antilavado del Ecuador
Este operativo también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer permanentemente los mecanismos de detección y prevención de lavado de activos en el sistema financiero ecuatoriano. Las instituciones bancarias y cooperativas de ahorro deben robustecer sus protocolos de debida diligencia, reporte de operaciones inusuales y conocimiento del cliente.
El gobierno de Noboa ha promovido reformas orientadas a modernizar el marco regulatorio antilavado, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros organismos multilaterales. Estas reformas buscan cerrar las brechas que el crimen organizado ha sabido explotar durante años para infiltrar la economía legal.
Asimismo, la cooperación internacional resulta fundamental. Las redes de lavado de activos del narcotráfico operan de manera transnacional, por lo que su persecución efectiva requiere intercambio de información, asistencia judicial recíproca y coordinación operativa con países aliados.
Perspectiva: golpear donde más duele
El Operativo Emporio Presidiario confirma que la estrategia de seguridad del gobierno ecuatoriano está evolucionando hacia un enfoque más integral y sofisticado. Si bien las operaciones militares y policiales en territorio siguen siendo indispensables para contener la violencia, es en el terreno financiero donde se libra la batalla decisiva contra el crimen organizado.
Cada dólar que se le arrebata al narcotráfico es un dólar menos para comprar armas, sobornar funcionarios o reclutar jóvenes vulnerables. Con resultados como los de esta operación, el Ecuador demuestra que está dispuesto a golpear al crimen organizado donde más le duele: en el bolsillo.
