La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado oficialmente una emergencia de salud pública de importancia internacional (Espii) ante el brote de la variante Bundibugyo del virus del ébola, que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) y a Uganda. Esta decisión, anunciada desde la sede del organismo en Ginebra, sitúa la alerta en su segundo nivel más alto, reconociendo la gravedad de la situación sanitaria en ambas naciones africanas.
Datos oficiales y alcance del brote
Según los datos proporcionados por la OMS hasta el 16 de mayo, se han confirmado ocho casos en laboratorio y 246 casos sospechosos, asociados a 80 muertes sospechosas, principalmente en la provincia de Ituri, en el este de la RDC. Además, el organismo ha registrado un caso confirmado y una muerte en Uganda, vinculados a viajeros que habían regresado recientemente de la zona afectada en la RDC. Por su parte, la agencia sanitaria de la Unión Africana ha reportado cifras ligeramente distintas, con 88 muertes probablemente por el virus sobre un total de 336 casos sospechosos.
Desafíos por la falta de vacuna
La principal preocupación de las autoridades sanitarias radica en que la variante Bundibugyo no cuenta con una vacuna disponible, lo que complica significativamente la contención del brote. A diferencia de otras cepas, como la de Zaire, para la cual existen tratamientos y vacunas eficaces, esta variante específica exige medidas estrictas de control de infecciones y aislamiento de pacientes. La transmisión del virus se produce a través de fluidos corporales o exposición a la sangre de personas infectadas, y los individuos solo se vuelven contagiosos tras la aparición de los síntomas.
Contexto histórico y respuesta internacional
La RDC ha enfrentado anteriormente brotes de ébola, incluyendo uno entre agosto y diciembre de 2025 que dejó al menos 34 muertos, y el brote más mortífero entre 2018 y 2020, que causó cerca de 2.300 muertes. El foco actual en una zona de difícil acceso limita el análisis de muestras en laboratorio, por lo que los balances dependen mayoritariamente de casos sospechosos. Aunque la OMS determinó que el brote no cumple con los criterios para ser calificado como una pandemia, la declaración de Espii activa el marco jurídicamente vinculante del Reglamento Sanitario Internacional, facilitando la coordinación de recursos y la asistencia técnica internacional para frenar la propagación del virus.
