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">El presidente Daniel Noboa anunció el 2 de marzo de 2026 el inicio de una nueva fase en la estrategia de seguridad nacional orientada a combatir el narcoterrorismo y la minería ilegal, dos de las amenazas más graves que enfrenta el país. La declaración, que marca una escalada significativa en las operaciones del Estado contra las estructuras criminales, contempla despliegues tácticos intensificados y cooperación militar con Estados Unidos y aliados regionales durante el mes de marzo.
La decisión del Ejecutivo refuerza la línea de mano dura que ha caracterizado al gobierno de Noboa desde enero de 2024, cuando declaró el conflicto armado interno y catalogó a más de una veintena de organizaciones criminales como grupos terroristas. Esta nueva etapa representa la consolidación de una política de seguridad que ha priorizado la acción militar y policial coordinada como eje central de la gobernanza.
Operaciones conjuntas con aliados internacionales
Uno de los componentes más relevantes de esta nueva fase es la participación activa de Estados Unidos y socios regionales en las operaciones planificadas para marzo de 2026. La cooperación internacional ha sido un pilar fundamental de la estrategia de seguridad del gobierno Noboa, y esta intensificación marca un nuevo hito en la articulación bilateral.
Las operaciones conjuntas abarcan tanto el combate directo al narcotráfico como el desmantelamiento de redes de minería ilegal, actividades que frecuentemente se entrelazan y financian mutuamente a las organizaciones criminales que operan en territorio ecuatoriano. El apoyo de Washington incluye asistencia en inteligencia, logística y capacidades técnicas que complementan el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La alianza con socios regionales también resulta estratégica en un contexto donde las redes del narcotráfico operan de manera transnacional, con ramificaciones que se extienden desde los países productores de cocaína hasta las rutas de tránsito en Centroamérica y el Caribe. Ecuador, por su ubicación geográfica entre Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de hoja de coca, continúa siendo un punto neurálgico en la cadena del narcotráfico internacional.
Despliegues tácticos y prioridad en seguridad nacional
El anuncio presidencial incluye la intensificación de despliegues tácticos en zonas críticas del país, donde las organizaciones criminales han consolidado su presencia. Se trata de operativos que combinan capacidades militares y policiales para recuperar el control territorial en áreas afectadas por la violencia del crimen organizado.
La minería ilegal, particularmente en provincias como Esmeraldas, Imbabura, Napo y Zamora Chinchipe, ha sido identificada por el gobierno como una fuente significativa de financiamiento para grupos narcoterroristas. Las operaciones en este frente buscan no solo detener la extracción ilegal de minerales, sino también cortar los flujos económicos que alimentan a las estructuras criminales.
La nueva fase contra el narcoterrorismo reafirma la determinación del gobierno de Daniel Noboa de mantener la seguridad nacional como la máxima prioridad del Estado ecuatoriano, con un enfoque que privilegia la acción coordinada y el respaldo internacional.
El presidente Noboa ha sostenido de manera consistente que la lucha contra el crimen organizado requiere un compromiso sostenido y sin concesiones. Esta postura ha contado con un respaldo significativo de la ciudadanía, que en diversas encuestas ha señalado la inseguridad como su principal preocupación.
Contexto: una estrategia de largo aliento
La nueva fase anunciada se inscribe en un proceso que comenzó con la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024, una medida sin precedentes que permitió al gobierno desplegar las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interna con reglas de enfrentamiento ampliadas. Desde entonces, el Ejecutivo ha ejecutado múltiples operativos de gran escala en ciudades como Guayaquil, Durán, Esmeraldas y Manta.
La cooperación con Estados Unidos se ha profundizado de manera sostenida. Washington ha proporcionado equipamiento, entrenamiento especializado y asistencia en inteligencia como parte de un acercamiento bilateral que se ha fortalecido durante el mandato de Noboa. Esta relación ha sido vista por analistas como un giro pragmático en la política exterior ecuatoriana, alejándose de las posturas más distantes con Washington que caracterizaron a gobiernos anteriores.
En el ámbito legislativo, el gobierno ha impulsado reformas que endurecen las penas para delitos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, así como herramientas legales que facilitan la extinción de dominio de bienes vinculados al crimen organizado. Estas medidas complementan la acción operativa con un marco jurídico más robusto.
Perspectivas y desafíos pendientes
Si bien la estrategia de seguridad del gobierno Noboa ha mostrado resultados en términos de incautaciones de droga, capturas de cabecillas y desarticulación de células criminales, los desafíos siguen siendo considerables. Las organizaciones narcoterroristas han demostrado capacidad de adaptación y resiliencia, lo que exige una actualización permanente de las tácticas estatales.
La nueva fase anunciada responde precisamente a esa necesidad de evolución constante en la lucha contra el crimen organizado. La combinación de fuerza militar, cooperación internacional y acción interinstitucional configura un enfoque integral que busca atacar simultáneamente las dimensiones operativas, financieras y logísticas de las redes criminales.
El gobierno ha dejado claro que no habrá tregua ni espacios de negociación con las organizaciones que amenazan la seguridad de los ecuatorianos. La nueva fase contra el narcoterrorismo ratifica esa posición y eleva la apuesta del Estado en una batalla que, según el propio presidente Noboa, es existencial para el futuro del Ecuador.
