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Ministra de Gobierno denuncia red de espionaje político en Segura EP

Ministra de Gobierno denuncia red de espionaje político en Segura EP

Nataly Morillo acudió a la Fiscalía para investigar desvío de recursos y actividades ilegítimas bajo el gobierno anterior.

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La ministra de Gobierno, Nataly Morillo Solórzano, presentó este lunes 22 de junio de 2026 una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. El objetivo es investigar una presunta red de espionaje con fines políticos que habría operado dentro de Segura EP. La funcionaria afirmó que esta empresa pública fue creada originalmente para brindar seguridad a los ciudadanos de Guayaquil, pero asegura que se desviaron recursos bajo órdenes directas del expresidente Rafael Correa.

Denuncia formal y acusaciones específicas

A través de sus redes sociales, la ministra detalló que, presuntamente, con la participación de funcionarios públicos durante el gobierno anterior, se conformó una estructura dedicada a actividades ajenas al propósito institucional de la empresa. Morillo Solórzano sostuvo públicamente: "Segura EP fue creada para proteger a los guayaquileños de los delincuentes. Lamentablemente, bajo las órdenes de Rafael Correa y con la participación de funcionarios públicos se habría conformado presuntamente una red de espionaje con fines políticos".

Impulso al Estado de Derecho

La autoridad gubernamental enfatizó que estos hechos no pueden quedar en la impunidad. La denuncia busca determinar responsabilidades administrativas y penales, así como esclarecer el uso indebido de recursos públicos en supuestas acciones ilegítimas. Este paso se inscribe dentro del compromiso actual del Ejecutivo por fortalecer las instituciones y garantizar la transparencia en la gestión pública.

Contexto institucional

Segura EP opera como una entidad clave para la seguridad ciudadana en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador. La intervención de la Fiscalía permitirá auditar los registros y comunicaciones de la empresa durante el periodo mencionado por la ministra. El caso resalta la importancia del control interno y la rendición de cuentas en las entidades públicas que manejan fondos estatales para servicios esenciales.