La Secretaría General de Integridad Pública (SGIP) informó este miércoles que ha solicitado formalmente a las autoridades de Estados Unidos la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) contra las empresas Progen Industries LLC y Astrobryxa LLC. Esta gestión se inscribe dentro del marco de las investigaciones que impulsa el Gobierno ecuatoriano para esclarecer los hechos relacionados con el caso Progen y fortalecer la cooperación internacional.
Cooperación internacional y aplicación legal
A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, la entidad señaló que remitió un pedido oficial a la Embajada de Estados Unidos. La medida busca aprovechar los mecanismos internacionales disponibles para determinar posibles responsabilidades derivadas de las investigaciones sobre conductas irregulares en contratos públicos.
“Esta iniciativa busca fortalecer el intercambio de información y aprovechar el uso de los mecanismos internacionales disponibles, para contribuir de manera decisiva a la determinación de las responsabilidades legales que se deriven de la investigación”, indicó la SGIP.
Rastreo financiero e identificación de beneficiarios
El anuncio oficial coincide con revelaciones realizadas por el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira. Según afirmó Neira, un análisis financiero detallado permitió identificar a una red de empresas y personas que habrían recibido recursos derivados de los contratos suscritos con Progen para la instalación de generación termoeléctrica de emergencia.
Entre las figuras mencionadas en estas investigaciones figuran la empresaria Karla Saud Calero, el empresario José Walter Manrique Suárez y el abogado José Luis Hidalgo Fernández. Neira afirmó: “Hemos identificado a quienes recibieron el dinero de los contratos de Progen”.
Antecedentes del caso
El escándalo se originó tras la firma de contratos en agosto de 2024 para proyectos eléctricos de emergencia, específicamente las plantas de Quevedo y Salitral. Aunque en agosto de 2025 Progen aseguró que el proyecto El Salitral contaba con un 90 % de avance, los trabajos acumularon retrasos e incumplimientos significativos.
Actualmente, continúan activas las investigaciones penales relacionadas con el manejo de los recursos públicos destinados a estas obras. La Comisión de Fiscalización ha instado a profundizar la investigación para rastrear la ruta exacta del dinero y garantizar que se aplique justicia en este caso que afecta la confianza pública.
