El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), inició este lunes la estructuración del Plan Nacional para abordar las Pérdidas y Daños por los Efectos Adversos del Cambio Climático. Esta herramienta estratégica tiene como objetivo fortalecer y acelerar la respuesta del Estado frente a eventos climáticos extremos que afectan a comunidades, sectores productivos y ecosistemas en todo el territorio ecuatoriano.
Urgencia basada en datos históricos
La necesidad de implementar esta política pública se sustenta en cifras concretas que evidencian la vulnerabilidad del país. Entre 2012 y 2023, Ecuador registró 18.793 eventos climáticos que resultaron en 296.000 personas afectadas y más de 29.200 hectáreas de cultivos perdidos. Estos impactos han incidido directamente en la producción agrícola y los medios de vida de miles de familias ecuatorianas, justificando la intervención del Estado.
El proceso de socialización del plan se desarrolló en la Universidad Andina Simón Bolívar, donde se reunieron representantes de instituciones públicas, cooperación internacional y actores estratégicos. La iniciativa cuenta con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en el marco de un proyecto impulsado por el Ministerio para garantizar la viabilidad técnica y financiera de la propuesta.
Articulación interinstitucional y financiamiento
La Viceministra de Ambiente Marino y Costero, Alicia Jaramillo, destacó que la construcción del plan permitirá identificar necesidades técnicas y financieras, así como fortalecer las capacidades institucionales. El documento consolidará una hoja de ruta para articular acciones entre el Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), la academia, el sector privado y la sociedad civil.
«Una agenda nacional basada en evidencia técnica y participación interinstitucional», puntualizó la funcionaria.
Asimismo, se busca que el país fortalezca su acceso a mecanismos internacionales de financiamiento climático, incluyendo oportunidades vinculadas al Fondo para responder a Pérdidas y Daños. Con esta iniciativa, el Ejecutivo ratifica su compromiso de avanzar hacia una gestión climática más preventiva, coordinada y sostenible, orientada a reducir riesgos y fortalecer la resiliencia de los territorios.
