La Gobernación de Manabí ha anunciado el refuerzo inmediato de la seguridad en 16 unidades educativas ubicadas en los distritos de Manta, Montecristi y Jaramijó. Esta medida responde a una escalada crítica de violencia que ha afectado directamente al estudiantado local, incluyendo recientes homicidios ocurridos frente a centros educativos. La iniciativa busca garantizar la integridad física de los menores mediante un esquema especial de custodia táctica, alineado con las directrices del presidente Daniel Noboa para fortalecer el Bloque de Seguridad en zonas estratégicas.
Medidas preventivas y vigilancia policial
La gobernadora Aurora Valle detalló que la estrategia no se limita al incremento de patrullajes tradicionales. Se implementará una presencia policial permanente durante los horarios críticos de ingreso y salida, momentos identificados como de mayor vulnerabilidad para el estudiantado. Además, las unidades tácticas de investigación de la Policía Nacional realizarán labores de inteligencia proactivas con el objetivo específico de identificar e interceptar a quienes intenten reclutar adolescentes para actividades delictivas, incluyendo el microtráfico.
Respuesta ante crímenes recientes
La decisión administrativa se enmarca tras una serie de ataques armados registrados recientemente. El 10 de junio, Maikel Jarel Mero Pachay, estudiante de 15 años, fue asesinado a tiros frente al Colegio Manta; días antes, el 30 de junio, un joven de 16 años perdió la vida en Pedernales tras finalizar su jornada escolar. Estos hechos han generado preocupación ciudadana y exigido una respuesta inmediata del Ejecutivo provincial para evitar que las organizaciones criminales amplíen su influencia dentro de los entornos educativos.
Control estricto sobre el personal
Para asegurar la efectividad del plan, la Gobernación ha establecido un sistema riguroso de supervisión. La funcionaria advirtió que se aplicarán sanciones disciplinarias a cualquier uniformado que incumpla las disposiciones o deje de realizar los recorridos establecidos sin justificación válida. Este enfoque refleja el compromiso del gobierno local con la rendición de cuentas y la eficacia operativa en la lucha contra la inseguridad.
