La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó su dictamen acusatorio formal contra Daniel Salcedo Bonilla y otros seis investigados, imputándolos como autores intelectuales mediáticos del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Durante la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio celebrada este martes 30 de junio de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito, la fiscal Ana Hidalgo detalló cómo las acciones coordinadas por Salcedo fueron determinantes para materializar el crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023.
Nexo logístico y operativo
Según el análisis presentado por la Fiscalía, Daniel Salcedo actuó como un facilitador esencial que transformó "la decisión criminal de silenciar a Villavicencio en una operación concreta". La acusación señala que su rol fue funcionalmente indispensable para aproximar y conectar a los autores mediatos del hecho: José Serrano, Xavier Jordán y Ronny Aleaga.
El dictamen fiscal detalla que Salcedo mantuvo coordinaciones logísticas constantes con líderes de la organización criminal Los Lobos. Entre ellos se encuentran Wilmer Chavarría (alias Pipo), líder máximo del grupo; Esteban Aguilar Morales (Lobo Menor); y Carlos Angulo Lara (Invisible). La fiscal Hidalgo enfatizó que estas conexiones permitieron estructurar las fases de planificación, ejecución y posterior obstrucción de la justicia.
Seguimientos y financiamiento
La acusación también establece que Salcedo, a través de sus operadores, realizó seguimientos al candidato días previos a su muerte. Se indica que mantuvo comunicaciones permanentes con el narcotraficante fallecido Leandro Norero, quien solicitó los primeros rastros en 2022. Además, se imputa la bancarización y organización de pagos para sostener la operación.
La fiscalía también acusó a Salcedo de mantener comunicaciones con el exministro José Serrano para concretar seguimientos civiles y policiales, los cuales fueron entregados posteriormente a los miembros del grupo delictivo. Los siete procesados enfrentan cargos por el delito de asesinato bajo la figura penal recogida en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
