Fin del toque de queda exige política de seguridad sostenida

El Gobierno ecuatoriano enfrenta un momento crucial en la gestión de la seguridad tras el fin del toque de queda impuesto en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. Aunque esta restricción nocturna concluyó oficialmente a partir del 30 de septiembre de 2026, permitiendo nuevamente la movilidad entre la medianoche y las 05:00 horas, el estado de excepción permanece vigente en ocho provincias y tres cantones bajo lo dispuesto por el Decreto 498. Esta diferencia no es menor, pues mientras se levanta una restricción específica a los derechos ciudadanos, continúan desplegados efectivos policiales y militares en territorios clave como El Oro, Esmeraldas, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, además de los cantones Camilo Ponce Enríquez, Las Naves y La Maná. La medida mantiene suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.

Balance oficial: resultados tangibles en la lucha criminal

Durante las dos semanas que duró el toque de queda, entre el 17 y el 29 de septiembre, el Ministerio del Interior reportó un total de 2.561 personas aprehendidas. De este número, 695 fueron detenidas por incumplir la medida excepcional, mientras que 1.866 lo fueron por delitos graves como extorsión, delincuencia organizada y tráfico de drogas. Las operaciones incluyeron 1.310 acciones tácticas, 1.050 puntos de control y 29 allanamientos, logrando decomisar 8,1 toneladas de droga, más de 12 mil municiones y explosivos, más contexto en Transporte interprovincial ecuatoriano exige modernización tecnológica para gara.

La necesidad de una política sostenida

A pesar de los resultados tangibles en la lucha contra estructuras criminales, el Gobierno debe demostrar con datos qué cambió realmente. La ciudadanía necesita seguridad, pero también exige saber si las restricciones funcionan más allá del efecto inmediato. El despliegue policial es importante, pero su evaluación lo es aún más para evitar que los operativos produzcan efectos temporales sin investigación penal ni control financiero.