Exigen control estricto tras muerte de Diego Guerrero por guardia armado

La madrugada del sábado 10 de octubre, Diego Guerrero, un joven de 32 años, perdió la vida tras recibir impactos de bala en la cabeza cerca de la Plaza Argentina, en el norte de Quito. Según el parte policial preliminar, el fallecimiento ocurrió cuando él y sus amigos intentaban retirarse en un vehículo después de realizar grafitis en una construcción; durante esta maniobra, se habría disparado contra el automotor por parte de un guardia de seguridad privada. La Policía Nacional aprehendió a un hombre de 25 años presuntamente responsable del homicidio e incautó una escopeta y memorias con videos que son cruciales para esclarecer los hechos. Este incidente ha generado indignación social y abierto un debate urgente sobre la regulación, el control operativo y el uso de la fuerza por parte de los guardias armados en Ecuador.

Marco legal estricto para el uso de armas

Aunque la Fiscalía debe probar lo ocurrido bajo el principio de presunción de inocencia, la ley ecuatoriana establece límites claros. El artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) reconoce la legítima defensa únicamente cuando concurren tres requisitos: una agresión actual e ilegítima, una necesidad racional de la defensa proporcional al ataque y falta de provocación por parte del defensor. En este caso específico, los testimonios indican que el guardia disparó sin advertencia previa contra un grupo que intentaba huir; pintar una pared ajena constituye una infracción a la propiedad, pero no representa necesariamente un ataque inminente contra la vida.

Responsabilidades de las empresas y protocolos

La Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada, vigente desde febrero 2024, fija reglas precisas para el sector. Solo las compañías registradas pueden ofrecer servicios armados autorizados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (artículos 13 y 22). Además, los guardias deben aprobar obligatoriamente el Nivel II de formación, que incluye certificaciones psicológicas, toxicológicas y entrenamiento en tiro real para manejar crisis bajo principios de precaución y respeto a la dignidad humana. El artículo 48 prohíbe explícitamente emplear armas fuera del horario o lugar de servicio.

Exigencia de transparencia estatal

Mientras los jueces dictan sentencia, el Estado debe responder sobre las condiciones operativas que permitieron este desenlace fatal. La primera exigencia es verificar si la empresa contaba con permiso de operación y registro legal para sus armas; operar sin autorización constituye una infracción muy grave según los artículos 83 y 85. En segundo lugar, se requiere confirmar si el guardia aprehendido poseía efectivamente su certificado Nivel II vigente. Finalmente, debe establecerse qué protocolo de uso de fuerza sigue la empresa y quién audita su cumplimiento para evitar que el miedo suspenda las garantías legales, tema que ya cubrimos en Ataque armado contra custodios de tráiler deja un muerto y tres armas robadas en Manabí.

Contexto social y próximos pasos

Esta tragedia se produce en un contexto donde Quito registró 157 muertes violentas hasta agosto, con predominio del uso de armas de fuego. Ante la inminencia del duelo programado para el sábado 17 de octubre en Plaza Argentina, familiares y colectivos artísticos piden que las respuestas no sean solo judiciales sino administrativas: garantizar reglas claras y controles efectivos es indispensable para evitar más tragedias similares.