En una operación militar de alto impacto, el Ejército ecuatoriano ejecutó un bombardeo sostenido contra instalaciones de minería ilegal ubicadas en el sector El Pablo, parroquia Chical, cantón Tulcán, provincia del Carchi. La intervención permitió la destrucción de aproximadamente 50 bocaminas que operaban de forma clandestina en esta zona fronteriza con Colombia.
La acción militar incluyó el despliegue de tanques AMX-13, vehículos blindados de combate con capacidad de fuego directo, que realizaron saturación de fuego contra los puntos de extracción ilegal. La operación representa una de las intervenciones más contundentes contra la minería ilegal en la frontera norte en los últimos meses.
Una operación con fuego pesado en zona de frontera
El operativo en El Chical evidencia la escalada en la estrategia militar del gobierno de Daniel Noboa para combatir las economías ilícitas que financian al crimen organizado. La minería ilegal, junto con el narcotráfico, se ha consolidado como una de las principales fuentes de ingresos de las bandas criminales que operan en la frontera norte del país.
El empleo de tanques AMX-13, plataformas blindadas de origen francés que forman parte del arsenal del Ejército ecuatoriano, demuestra que las Fuerzas Armadas están utilizando capacidades de combate convencional para desmantelar infraestructuras criminales. La saturación de fuego, una técnica militar que consiste en concentrar disparos sobre un área determinada, fue la táctica elegida para garantizar la destrucción efectiva de las bocaminas.
La parroquia Chical, ubicada en el extremo noroccidental de la provincia del Carchi, limita directamente con el departamento colombiano de Nariño, una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados irregulares y economías ilícitas. Esta condición geográfica ha convertido al sector en un corredor estratégico para actividades ilegales.
Minería ilegal: una amenaza para la seguridad y el medio ambiente
Las 50 bocaminas destruidas representan un golpe significativo a las operaciones de extracción ilegal de minerales en la zona. Estas explotaciones clandestinas no solo constituyen una fuente de financiamiento para organizaciones criminales, sino que generan un grave daño ambiental en una región de alta biodiversidad como es el noroccidente del Carchi.
La minería ilegal en Ecuador ha experimentado un crecimiento alarmante en los últimos años, expandiéndose desde las provincias amazónicas hacia nuevas zonas de frontera. Los grupos criminales que controlan estas operaciones suelen emplear mano de obra bajo condiciones de explotación y utilizan sustancias tóxicas como el mercurio, que contaminan ríos y suelos de manera irreversible.
El gobierno de Noboa ha identificado a la minería ilegal como un problema de seguridad nacional, equiparándola en gravedad al narcotráfico. La destrucción de bocaminas mediante operaciones militares forma parte de una política de tolerancia cero que busca eliminar las fuentes de financiamiento del crimen organizado en el territorio ecuatoriano.
Estrategia de mano dura en la frontera norte
La operación en El Chical se inscribe dentro de la política de seguridad integral que el Ejecutivo ha implementado desde la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024. Bajo este marco legal, las Fuerzas Armadas han intensificado su presencia y capacidad operativa en zonas fronterizas consideradas críticas.
La frontera con Colombia, que se extiende por más de 700 kilómetros, ha sido históricamente un punto vulnerable para el ingreso de armas, drogas y la operación de economías ilegales. Las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos concentran la mayor actividad criminal transfronteriza, lo que ha motivado un reforzamiento permanente del dispositivo militar en estos territorios.
El uso de armamento pesado y blindados en operaciones contra la minería ilegal envía un mensaje claro sobre la determinación del Estado ecuatoriano para recuperar el control de zonas que habían sido cooptadas por el crimen organizado. Esta estrategia de fuerza se complementa con labores de inteligencia y coordinación interinstitucional.
Resultados que refuerzan la política de seguridad
La destrucción de 50 bocaminas en una sola operación constituye uno de los resultados más relevantes en la lucha contra la minería ilegal durante 2025. Operaciones previas en otras provincias habían logrado desmantelar campamentos y confiscar maquinaria, pero el volumen de infraestructura destruida en El Chical marca un precedente en términos de contundencia operativa.
Las Fuerzas Armadas han demostrado una capacidad creciente para planificar y ejecutar operaciones complejas en terrenos difíciles como los del noroccidente carchense, donde la geografía montañosa y la cercanía con la frontera internacional representan desafíos logísticos y tácticos considerables.
La comunidad de Chical y las poblaciones aledañas han padecido durante años los efectos negativos de la minería ilegal, incluyendo contaminación de fuentes hídricas, deforestación y la presencia intimidante de grupos armados. Operaciones como la ejecutada por el Ejército buscan restituir las condiciones de seguridad para los habitantes de estas zonas rurales que han quedado atrapados entre la legalidad y las dinámicas del crimen organizado.
El gobierno de Daniel Noboa ha reiterado en múltiples ocasiones que no habrá tregua contra las actividades ilícitas que amenazan la soberanía y la seguridad del país. La operación en El Chical es una muestra concreta de que esa promesa se traduce en acciones sobre el terreno.
