El Ejército ecuatoriano ejecutó un operativo sin precedentes en la provincia de Esmeraldas, donde desplegó tanques blindados AMX-13 de 105 mm para destruir infraestructura utilizada por redes de minería ilegal en el sector de Tululbí, cantón San Lorenzo. La intervención militar, desarrollada en la denominada Zona Minera Norte, constituye una escalada significativa en la estrategia del gobierno de Daniel Noboa para combatir las economías criminales que devastan los ecosistemas del norte del país.
La operación fue confirmada por fuentes militares y difundida inicialmente por Radio Centro, medio que reportó el uso de los vehículos blindados de combate como parte de una acción coordinada para desmantelar un frente activo de explotación minera clandestina. Las imágenes del despliegue evidencian la determinación de las Fuerzas Armadas por emplear toda la capacidad operativa disponible frente a una amenaza que ha desbordado los mecanismos convencionales de control.
El poder de fuego al servicio de la legalidad
Los tanques AMX-13, equipados con cañones de 105 mm, son vehículos de combate ligero que forman parte del arsenal del Ejército ecuatoriano. Su empleo en operaciones contra la minería ilegal representa un salto cualitativo respecto a las intervenciones tradicionales, que históricamente se limitaban a la incautación de maquinaria pesada y la destrucción manual de campamentos.
El uso de blindados permite neutralizar de manera eficiente la infraestructura instalada por las organizaciones criminales, que suelen proteger sus operaciones con vigilancia armada y trampas en los accesos. La capacidad de estos vehículos para operar en terrenos irregulares y su poder destructivo garantizan que los equipos utilizados para la extracción ilegal de minerales queden completamente inutilizados.
Esta decisión táctica responde a una realidad operativa: los grupos dedicados a la minería ilegal en Esmeraldas han incrementado su nivel de violencia y sofisticación, lo que exige una respuesta proporcional por parte del Estado. Las Fuerzas Armadas actúan bajo el marco del estado de excepción y las facultades otorgadas por el Ejecutivo para combatir el crimen organizado en todas sus manifestaciones.
San Lorenzo: epicentro de una crisis ambiental y criminal
El cantón San Lorenzo, ubicado en el extremo norte de la provincia de Esmeraldas, fronterizo con Colombia, se ha convertido en uno de los territorios más afectados por la minería ilegal en Ecuador. La Zona Minera Norte, donde se ejecutó el operativo, concentra decenas de frentes clandestinos que operan principalmente en la extracción de oro, utilizando mercurio y cianuro que contaminan los ríos y destruyen la selva tropical.
La minería ilegal en esta región no es una actividad aislada. Según informes de inteligencia militar y de la Fiscalía General del Estado, estas operaciones están vinculadas a estructuras del crimen organizado transnacional que utilizan la extracción de oro como mecanismo de lavado de activos y financiamiento de otras actividades ilícitas, incluido el narcotráfico.
Las comunidades locales, muchas de ellas afroecuatorianas e indígenas, han denunciado durante años la destrucción de sus territorios y fuentes de agua. La contaminación por mercurio ha generado graves problemas de salud pública, mientras que la presencia de grupos armados vinculados a la minería ha provocado desplazamiento forzado y violencia en la zona.
Estrategia integral del gobierno Noboa contra economías criminales
El operativo en Tululbí se enmarca dentro de la política de mano firme que ha caracterizado al gobierno de Daniel Noboa frente al crimen organizado. Desde la declaratoria del conflicto armado interno en enero de 2024, el Ejecutivo ha ampliado progresivamente el alcance de las operaciones militares para atacar no solo a las bandas narcodelictivas, sino también a las fuentes de financiamiento que sostienen sus estructuras.
La minería ilegal, junto con el narcotráfico y la extorsión, constituye uno de los pilares económicos de las organizaciones criminales que operan en el país. Según estimaciones de organismos internacionales, esta actividad genera cientos de millones de dólares anuales en Ecuador, recursos que alimentan la violencia y la corrupción en múltiples niveles.
El gobierno ha intensificado las operaciones en Esmeraldas, Los Ríos, Napo y Zamora Chinchipe, provincias donde la minería ilegal ha alcanzado niveles críticos. La estrategia combina el despliegue militar con acciones de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) y procesos judiciales impulsados por la Fiscalía.
Un mensaje contundente a las redes criminales
El empleo de tanques blindados envía un mensaje inequívoco: el Estado ecuatoriano está dispuesto a utilizar todos los recursos a su disposición para recuperar el control de los territorios tomados por el crimen organizado. La destrucción de infraestructura minera ilegal mediante armamento pesado no solo elimina la capacidad operativa de los grupos criminales, sino que establece un efecto disuasorio significativo.
Expertos en seguridad han señalado que este tipo de operaciones resultan fundamentales para desarticular las cadenas logísticas de la minería ilegal, cuya reinstalación requiere inversiones considerables por parte de las organizaciones criminales. Cada frente destruido representa un golpe económico directo a las finanzas del crimen organizado.
No obstante, analistas también advierten que la estrategia militar debe complementarse con políticas de desarrollo sostenible para las comunidades afectadas, alternativas económicas legales y un fortalecimiento del sistema judicial que garantice sanciones ejemplares para los responsables. Sin estos componentes, existe el riesgo de que las operaciones ilegales se desplacen a otros territorios.
La acción en Tululbí marca un antes y un después en la lucha contra la minería ilegal en Ecuador. Con el respaldo del marco legal vigente y la voluntad política del gobierno de Noboa, las Fuerzas Armadas demuestran que la recuperación de la soberanía territorial no es negociable, particularmente en zonas donde el Estado ha estado históricamente ausente y donde las redes criminales han operado con impunidad durante décadas.
